El Consejo de la Empresa Privada (CONEP) planteó ayer en un comunicado que el proceso de evaluación para escoger nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) es “una oportunidad para revitalizar, renovar y fortalecer el Poder Judicial”, acorde a las exigencias de estos tiempos.
Todo el mundo de estar de acuerdo con ese planteamiento del CONEP. Su enfoque se centra en la necesidad de generar un buen clima de negocios que promueva el desarrollo de la Nación, lo que “necesariamente conlleva el fortalecimiento del Poder Judicial”.
El CONEP declara que ha estado muy atento al proceso de evaluación de los abogados y jueces, y al efecto ha promovido iniciativas tendentes a apoyar la transparencia y el respeto al debido proceso, todo enmarcado en la legítima aspiración de promover el Estado de Derecho como “garante de la seguridad jurídica que incentive la actividad económica y la iniciativa privada”.
Todo eso es muy loable y muestra la preocupación de las fuerzas productivas por mejorar el desempeño de las instituciones nacionales.
A esas inquietudes del CONEP es justo agregar otras que son muy sensibles a amplios segmentos de la ciudadanía. También, los señores miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) deben tomar en cuenta el recurso humano calificado con valores que les permitan hacer la justicia más accesible a todos. Seres humanos con vocación de servicio, capaces de entender a las personas, a la sociedad en sus expresiones más terrenales.
A esos simples, que se convierten en víctimas cuando ven sus casos prolongarse indefinidamente, sin que los administradores del sistema cumplan con el “debido proceso”, en el tiempo que manda el más mínimo sentido de razonabilidad. Que la mora no se convierta en una condena anticipada.
Jueces que entiendan la necesidad de que los responsables de delitos y crímenes graves, como los robos de bienes púbicos, agresiones y asesinatos contra inocentes, reciban la sanción debida. Una justicia que por sus sentencias contribuya a disuadir la violencia en las vías públicas y en los hogares.
En definitiva, jueces conscientes de la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana en el más amplio sentido, que valoren el justiciable sin importar el rango en la sociedad, y que sus actos se ajusten siempre a la ley.
Justicia para todos.
