Hasta que se formó el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) los jueces de la Suprema Corte de Justicia (JCE) se designaban de la manera más sencilla y clara. No había parafernalia ni actuaciones. Tampoco eran necesarias las conspiraciones. A partir del período en que se inicia la caricatura democrática de la sociedad dominicana en 1966, el presidente de la época Joaquín Balaguer lo resolvía a su manera, según lo previsto en la Constitución.
De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución de 1966, el Senado tenía la potestad de elegir los Jueces de la Suprema Corte de Justicia, Jueces de las Cortes de Apelación, del Tribunal de Tierras, de los Juzgados de Primera Instancia, los Jueces de Instrucción, los Jueces de Paz y sus Suplentes, los Jueces de cualesquiera otros tribunales del orden judicial creados por la ley.
Entonces, el presidente de la República, de común acuerdo con el presidente del Senado y los senadores más importantes, decidían administrativamente quiénes tendrían a cargo la designación de los jueces en toda la Nación.
Asimismo, los senadores decidían la suerte de la justicia en sus provincias, y algo le salía también a algunos diputados influyentes.
Muchos jueces eran al mismo tiempo militares activos, que daban mayor seguridad a la ejecución de las directrices de la fuerza política dominante, el Partido Reformista.
El control del Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo era claro. Obviamente, con la reforma constitucional de 1994 las cosas cambiaron, y el poder concentrado en el Ejecutivo a través de su dominio del Senado se transfirió a un colegio que es hoy el Consejo Nacional de la Magistratura.
Pero ese Consejo se constituye a razón de la representación de las fuerzas políticas dominantes en las cámaras legislativas, el jefe del Ejecutivo y representantes de la Suprema Corte y el Procurador General.
Después de la reforma del 94 se instituyó la carrera judicial, lo que ha implicado algunos avances, de forma tal que la representación de los jueces de carrera en la composición de la Suprema Corte de Justicia es fundamental, pero sigue gravitando el peso del Poder Ejecutivo, siempre decisivo en estos asuntos.
Avanzamos, pero con demasiado bemoles. Quizás haga falta otra ola de reformas.
