Los actores sociales en la República Dominicana son ahora más perceptivos y sensibles a los diferentes procesos, y se verifica cuando está en juego una decisión importante, de manera muy especial, cuando repercute en la institucionalidad.
Ocurre con el proceso abierto por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para escoger cuatro jueces el Tribunal Constitucional, y más adelante, evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.
Esas actitudes reflejan una afirmación de compromiso social y envían mensajes directos y precisos a quienes tienen la facultad para decidir la calidad de los integrantes de esos órganos fundamentales.
Es un momento especial, que coincide con acontecimientos que pueden verse asociados a las instancias en juego, las cuales deben cumplir con los designios que les asigna la Constitución.
Tampoco está al margen de eventos vividos en otros países, en los cuales la justicia, en sus diferentes expresiones, ha jugado roles clave, que impactan el ejercicio del poder.
Es decir, que los intereses humanos, de poder, o de cualquier otra naturaleza, forman parte de la suerte que habrá de seguir la conformación, renovación o validación de estas altas cortes.
Lo deseable es que las decisiones obedezcan al más alto interés de la sociedad, y contribuyan al fortalecimiento institucional.
Es una muy buena oportunidad para estimular la confianza ciudadana en el ámbito constitucional o jurisdiccional. Cualquier decisión del CNM tiene que encaminarse a ese propósito, que sirva para hacer más creíble nuestro sistema de justicia.
Pero no siempre el juego de poder va acorde con los propósitos más elevados a que aspira la sociedad.
En cualquier caso, se debe garantizar que el procedimiento a utilizar obedezca al sentido de la ley y los seleccionados se ajusten a los perfiles que demanda una misión tan alta como juez del Tribunal Constitucional o de la Suprema Corte de Justicia.
