Quien se acerca a las proximidades del antiguo canódromo en la avenida Monumental tiene que llamarle la atención la cantidad de vehículos enjaulados. Son aquellos que los agentes de la ahora Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) han retenido por alguna contravención y cuyos propietarios no retiran, o simplemente, los dejan abandonados.
Además de los que están en el canódromo, la Digesett tiene otros establecimientos donde también almacena vehículos. Hablamos de que al día de ayer había 12 mil 086, de los cuales la inmensa mayoría son motores de dos ruedas.
Aunque la incautación de los vehículos se origina por simples infracciones a la ley de tránsito, siempre ha resultado extraño por qué los afectados no los recuperan. La cuestión es que muchos no tienen manera de explicar el estatus de esos aparatos, y temerosos de que puedan ser objetos de sanciones mayores los abandonan.
Si las autoridades tuviesen los instrumentos, lo propio fuese que se determinara por qué los propietarios o usuarios de esos aparatos no hacen lo adecuado para recuperarlos.
Sean carros o motores, estaban en circulación. Y aunque muchos pudiesen estar en malas condiciones, tienen algún valor de mercado.
Mientras tanto, constituyen un factor contaminante donde quiera que se encuentren, sea en la zona metropolitana, en el canódromo o en Villa Mella.
En consecuencia, tiene sentido, que las autoridades, tal y como anuncian ahora en este diario, procedan a decidir sobre los mismos. De acuerdo con la ley, han dado un plazo de 90 días para que los propietarios, usuarios o interesados los retiren. De lo contrario, procederán a disponer para que el Estado los subaste de acuerdo con las previsiones de ley.
Hace tiempo que debieron hacerlo, porque son un feo espectáculo e impactan los entornos donde están guardados.
