Ojo al Cristo

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    Alrededor de una tercera parte del Presupuesto Nacional va cada año dirigida a compra de bienes y servicios desde el Estado. Es una relación comercial que se produce cada ejercicio fiscal entre el Gobierno y el sector privado.
    Es mucho dinero que se transa entre los sectores público y privado. Ese vínculo convierte al Presupuesto público en un apetecido cliente para el sector privado, aun y los imponderables que supone o conlleva “venderle al Gobierno”, y cobrarle.

    El volumen de dinero que compra el Estado es, sin embargo, un buen motivo para intentar tener al sector público como cliente. Una idea de esa importancia se obtiene, por ejemplo, tomando como referencia el Presupuesto General del Estado 2021, que tiene un nivel de gastos por RD$946,293 millones. De ese volumen, unos RD$315,000 millones serán para adquirir bienes y servicios para el sector público.

    Es mucho dinero. Administrarlo sin estrictos controles y medidas de transparencia pudiera dar lugar a “tentaciones” en quienes tienen facultad para decidir qué y cómo comprar con esos dineros.

    Prevenir es mejor que curar. Por eso es importante que el Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público del Gobierno anunciara el pasado jueves la creación del Programa de Cumplimiento Regulatorio en las contrataciones públicas, medida que busca garantizar la gestión de riesgos de incumplimiento legal y prevención de irregularidades administrativas en las unidades de compras de cada entidad del Gobierno.

    Se trata de un programa que estará bajo la responsabilidad de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), ente que designará en cada una de las instituciones estatales a un oficial de cumplimiento que se encargará de procurar “excelencia y transparencia” en los procedimientos de compras y contrataciones, así como la implementación de los principios establecidos en la Ley 340-06 y su Reglamento de Aplicación.

    “En el día de hoy se anuncia al país la creación del programa de cumplimiento normativo, bajo la responsabilidad de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), quien designará en cada una de las instituciones públicas un oficial de cumplimiento que dependerá de este órgano rector”, indicó en el acto el titular de Compras y Contrataciones, doctor Carlos Pimentel.

    Es una buena iniciativa. Solo resta que el anuncio se ejecute a plenitud. De lo que se trata es de velar por el patrimonio público.

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