La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) hizo ayer una seria advertencia, acerca del desarrollo de esta campaña electoral y el principio de equidad que debe caracterizarla.
Concretamente, se dirige a la Junta Central Electoral (JCE), a cuyas autoridades les señala que resulta imperativo que “apliquen las leyes de régimen electoral y de partidos políticos, específicamente en lo que respecta a la regulación y límites de la realización de la campaña electoral”.

En muy buena medida, la organización promotora del respeto a la institucionalidad y el imperio de las leyes cree que “la sociedad dominicana espera que este certamen se desarrolle apegado a la legalidad, en un marco de equidad y respeto estricto a los principios del Estado social y democrático de derecho”.

La declaración de la Finjus, sencilla y clara, refleja lo que en este momento pudiera ser una percepción sobre realidades en desarrollo algo inquietantes.

Un proceso electoral debe estar caracterizado por el derecho a la libre circulación, participación, proporción en el acceso a medios y recursos, de modo que no haya un desequilibrio y hasta un desbordamiento, que para muchos ya está ocurriendo.

Para FINJUS, “sólo de esta forma podrá contribuirse a la legalidad, la protección de la institucionalidad y la construcción de un mejor clima de gobernanza electoral que se refleje en los procesos de elecciones”.

En esta circunstancia ese predicamento cobra un valor excepcional. Pero tiene mayor trascendencia hacia el futuro, el cual no resulta fácil desentrañar.

En la medida en que las elecciones transcurran dentro de los parámetros de respeto a la institucionalidad y la legalidad, es que sus resultados serán creíbles y aceptados por todos.

Imagínese que en medio de esta situación haya cuestionamientos, o que el cúmulo de comportamientos indebidos o abusivos de algunos de los actores termine en una discusión de proporciones impredecibles.

Es verdad que siempre habrá vencidos y vencedores, pero sólo en la medida en que se respeten las reglas establecidas, que imperen la transparencia y la libre elección, tendremos resultados que constituyan una expresión aunténtica de la voluntad popular.

Es ahora cuando debe hacerse lo necesario para que sea de esa forma. La advertencia de FINJUS no sólo es oportuna, sino previsora.

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