La visita de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) al país concluyó recientemente, tras la revisión del artículo IV de un acuerdo entre nuestro país y ese organismo.
En un encuentro en el Banco Central, el jefe de dicha misión, Ricardo Llaudes, expuso al gobernador de esa entidad, Héctor Valdez Albizu, un balance positivo sobre sus contactos con los sectores público y privado, con el sistema financiero y la sociedad civil de la República Dominicana.
Entre las conclusiones hay una recomendación que resalta, y es la “paz social como modelo de país”.
Llaudes destacó también: “La búsqueda de consenso entre diferentes sectores”, lo que resulta altamente significativo.
Esa paz social, en ocasiones poco valorada por nosotros mismos, acompañada de la seguridad jurídica y el buen clima de inversión que prevalece, son aspectos que Valdez Albizu ponderó y que, obviamente, identifican una situación concreta que caracteriza a nuestro país, donde la ausencia de conflictividad garantiza un clima adecuado para la inversión extranjera, que puede trazar planes a largo plazo.
Incluso, con ese mismo enfoque, días antes de las conclusiones del FMI, Magin Díaz, el ministro de Hacienda y Economía, fue enfático al proclamar: “Hay algo que es innegociable, no podemos perder la estabilidad social”, expresado en el contexto de la necesidad de una reforma fiscal que se aspira lograr con un consenso general, progresivo, de que el que tenga más pague más.
La paz social es algo más que un simple concepto; es una realidad que tiene que valorarse como un activo incuestionable, prerrequisito ante la planificación futura de proyectos políticos y económicos que deben tener en cuenta, en primer lugar, el interés supremo del pueblo dominicano.
Tampoco se trata de una paz simulada, basada en limitaciones al derecho a disentir y a protestar, lo que debe garantizarse siempre con el debido respeto a la Constitución y a las leyes.
Y precisamente ahora, ante un entorno internacional adverso, cobra mayor relevancia esa expresión que las fuerzas políticas y productivas deben justipreciar como una realidad innegociable: paz social.
