No hace demasiado tiempo fue lanzada una campaña dirigida a derogar la ley 28-01, mediante la cual se creó la zona especial para el desarrollo fronterizo.
La ley surgió con el propósito de mejorar las condiciones de vida de las provincias de Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco que entran en la llamada región fronteriza, y que son parte del territorio más económicamente deprimido del país.
La iniciativa legislativa estableció un régimen especial para empresas industriales, agroindustriales, agropecuarias, metalmecánica, de zona franca, turísticas, metalúrgicas y energéticas, tanto para las que estaban ya establecidas como para las nuevas.
De modo que se abría un amplio campo para todos aquellos empresarios que quisieran beneficiarse de la normativa y por extensión contribuir a la creación de empleos y mejorar la calidad de vida de la gente de ese entorno.
Y cada vez que se quiso atacar dicha ley, surgió un movimiento de rechazo. En ambos casos, las voces provenían de los principales centros urbanos.
Hoy la ley ha sido asumida por los propios residentes en esas lejanías. Si bien necesitan acompañantes, ahora son los protagonistas, quienes sugieren que cualquier cambio en la ley tendría que ser para mejorar los términos en que fue ideada, no para reducirlos.
En efecto, tienen mucho valor las ideas e iniciativas que surgen en la parte Norte de la frontera sobre la necesidad de preservar la ley y estimular reformas que tiendan a aumentar las inversiones.
En ese mismo espíritu hay que acoger el pronunciamiento de los obispos de las diócesis de Montecristi, Barahona y San Juan de la Maguana, que abarcan las provincias identificadas como fronterizas. Conocen y sufren muy bien las realidades de esos pueblos y deben ser escuchados.
Ellos plantean que efectivamente debe modificarse la ley, sin demora, positivamente, “muy a pesar de presiones de grupos económicos” que siempre la han atacado.
Son miles de empleos los que están en juego y varias las empresas que se pierden si se deroga o modifica negativamente la ley, advierten los obispos.
Animamos al Congreso Nacional a realizar los cambios debidos para el bienestar de la frontera.
