El comunicado de la Junta Central Electoral (JCE), con el que informa a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos que deben cesar en lo inmediato las actividades proselitistas para promocionar aspiraciones políticas, es oportuno porque le sale al paso a lo que se podría interpretar como una campaña electoral anticipada con todo lo que ello implica.
Amparada en las legislaciones de partidos y electoral, la JCE hace las observaciones correspondientes, además de la pertinencia de su llamado a que en las actuales circunstancias se hagan los mayores esfuerzos como sociedad en aras de preservar la salud de las personas por la pandemia de la COVID-19.
Hasta ahí está bien el comunicado, aunque en algunas de sus partes resulta demasiado categórico porque, como lo reconoce la propia JCE, no se puede menoscabar el derecho que tienen las organizaciones políticas de realizar las actividades internas habituales que les son propias, según sus estatutos y el principio de autorregulación partidaria.
Existen otros derechos que tampoco se pueden menoscabar, como el del libre tránsito, el de asociación y de reunión, que tienen rango constitucional, a los que la JCE no puede interponer las incongruentes leyes de Partidos y de Régimen Electoral.
Por eso lo más conveniente es contemporizar, porque si bien en apariencia el comunicado de la JCE afectaría al partido que actualmente exhibe mayor activismo, hay otros proyectos, incluidos algunos del litoral gubernamental, que se aúpan de manera solapada.
La recomendación a los partidos y a sus madrugadores aspirantes, es a que atiendan, sin renunciar a sus derechos, el llamado que les hace el Pleno de la JCE.
Y que se recojan un poco y procedan con prudencia; que ejerzan control de sus emociones, que no se actúe de manera impulsiva ni con precipitación porque, en honor a la verdad, es largo el trecho por recorrer hasta llegar a febrero y a mayo de 2024.
