El director general de Migración declaró a periodistas de elCaribe lo que compartimos por correcto: “Nosotros simplemente estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, que es limpiar el país de ilegales”, esto respecto a las redadas de los últimos días.
A eso Enrique García agregó juicios que se pudo ahorrar, por respeto al vínculo histórico entre República Dominicana y Haití, y porque la migración ilegal no se puede despachar con ligereza: “Si ellos no estuvieran aquí, nosotros no estuviéramos realizando deportaciones”, algo tan obvio que podría sonar a burla.

Lo mismo de la infeliz expresión de que no ha encontrado a ninguna bruja presa, desafortunada respuesta a lo denunciado por la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana (Menamird), que acusó a la Dirección General de Migración de emprender una “cacería de brujas” contra los inmigrantes haitianos.

Cierto, como lo ha planteado García, es que “el país se estaría ahorrando muchísimo dinero que gastamos en presupuesto, si ellos no estuvieran aquí”, pero tampoco es tan sencillo el asunto.

Los reparos al comportamiento de las brigadas de Migración que detienen en las calles a toda persona con perfil de un nacional haitiano, es que se deben evitar los abusos y respetar los derechos humanos.

A la vista de todos estuvieron situaciones como la de un joven haitiano apresado en la Ciudad Bosch que alegaba tener sus documentos en orden y se esforzaba por mostrarlos, pero de todas maneras fue introducido violentamente en una camioneta.

O el grito desesperado de alguien que alertaba a los periodistas cuando apresaban a un joven estudiante haitiano. “Hay gente becada aquí”, pero resultó inútil, pese a que los comunicadores intervinieron para que por lo menos se verificara el repetido clamor.

El retorno a su país de todo extranjero indocumentado debe ser automático, no puede haber medias tintas en la condena al comportamiento de supuestos haitianos que enfrentaron a las autoridades migratorias a pedradas y a botellazos, pero nunca puede ser excusa para efectuar redadas indiscriminadas, por lo que la recomendación es que se respeten escrupulosamente los estándares, nacionales e internacionales, generalmente aceptados sobre la materia.

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