Una de las cosas que se profesan en torno al coronavirus COVID-19, es que después de esa pandemia el mundo no será igual, que la forma de convivencia de la humanidad cambiará. Como no se trata de un axioma, el tiempo se encargará de confirmar o negar la afirmación.
Lo que sí está claro, para el caso dominicano, es que una vez recuperada la normalidad que resulte de la superación de la situación que ya lleva dos meses y no se avista un declive real, los hacedores de políticas públicas tendrán que corregir entuertos que por dejadez, desidia u olvido han dejado pendientes en materia fiscal, de seguridad social y de regulación y que ahora están presionando las finanzas públicas.
Si el país hubiera creado un seguro de desempleo, como establece la Ley 87-01, de Seguridad Social, probablemente ahora el Estado no habría tenido que cargar, al menos en la cuantía que lo hace, con el auxilio del programa FASE, creado para resarcir a los empleados que han sido suspendidos en ocasión del paro de actividades decretado por el Gobierno dentro de las medidas de distanciamiento social dispuestas para enfrentar el coronavirus.
Otra deuda de normativa se da en la parte fiscal. La Estrategia Nacional de Desarrollo manda realizar tres pactos, entre ellos uno Fiscal y que según esa legislación de enero del 2012, debió haber sido aprobado a más tardar en el 2015. Pero ni siquiera ha sido iniciada la discusión. De haber sido aprobado el Pacto Fiscal, ahora el país tendría un instrumento más eficaz para ejecutar gastos extraordinarios y enfrentar las necesidades de recursos financieros que la pandemia ha creado en un escenario de mayores egresos y menores ingresos.
Desde el punto de vista organizativo, el COVID-19 ha desnudado el impacto de la informalidad en la economía, con una ponderación cercana al 55% de su tamaño.
Al momento de aportar las ayudas, subsidios o contribuciones gubernamentales, la informalidad ha influido en el alcance y celeridad de la acción.
Cuando se aprobó la reforma fiscal del 2012, se creó un mono tributo para pequeños negocios. El gravamen, que nunca ha sido aplicado, procuraba, más que recaudar, identificar, darle un número a miles negocios informales.
Quedó como uno más de los olvidos que en el futuro deberán ser recordados. Tareas para un nuevo Gobierno.
