Un pacto urgente

    La Junta Central Electoral (JCE) fijó las elecciones municipales para el 15 de marzo, después de las frustradas del 16 de febrero, pero esa decisión no disminuye las tensiones que vive la sociedad.

    Es extendida la creencia de que estamos ante una crisis política que va más allá de la fijación de una fecha para las votaciones. La clarísima expresión de ello lo constituyen las manifestaciones de jóvenes que reclaman explicaciones sobre lo ocurrido, que a su entender es una amenaza al sistema democrático, que se afirma en elecciones libres y creíbles.

    Las demandas de los jóvenes han encontrado eco en amplios sectores, que se traduce en una alta aprobación a que se cree un clima de confianza que garantice la participación justa de todos los actores en las elecciones.

    El pasado sábado, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), después de una sesión de consulta con sus dirigentes, planteó la necesidad de una diálogo urgente que permita crear las condiciones adecuadas para las elecciones, y especialmente el cese del estado de crispación social.

    Ayer, la oposición se manifestó en la Capital y planteó un paquete de condiciones para que se despejen las sombras sobre el proceso electoral. En esa perspectiva, reclama un “gran pacto político-social para garantizar elecciones libres y equitativas, sin la irrupción del gobierno”, en el entendido de que el presidente Danilo Medina, “como principal gerente de la campaña electoral de su partido, es parte de la crisis y debe ser compromisario del pacto y asumir la moderación que corresponde a un estadista y jefe de Estado”.

    El pacto se fundamentaría en diez puntos básicos, como acompañamiento de veedores y consultores sociales de respeto y equilibrio; recomponer las juntas municipales, colegios y técnicos de apoyo; la presencia de una misión de la OEA durante todo el proceso; activación efectiva de los fiscales para delitos electorales; que los funcionarios del gobierno salgan de la campaña o tomen licencia; suspensión de los repartos clientelistas, la publicidad estatal de corte político y el cese de las contribuciones forzosas de contratistas a la campaña oficial.

    Y que la JCE cumpla las responsabilidades que le asigna la Constitución.

    Para que todo eso ocurra, las partes tendrían que reunirse en breve.

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