Por definición, un árbitro es la persona que, como autoridad reconocida o designada por las partes, resuelve un conflicto o concilia intereses, término que aprovechamos para aplicar a dos escenarios sin ninguna similitud directa pero que alcanzan para ejemplificar lo positivo que resulta cuando de antemano se definen las reglas del juego y quién las aplicará.
Uno de esos escenarios con rol arbitral es la Junta Central Electoral (JCE), que administra y organiza los comicios y hasta ahora se desenvuelve en un ambiente de armonía con los partidos, agrupaciones y movimientos.
Se puede decir que están de mil amores. La JCE parece tener el control y todos los participantes han aceptado las reglas establecidas del proceso y también para el escrutinio, por lo que no se esperan sorpresas, salvo de parte de aquellos que aceptan que les cuenten los votos, pero no están preparados para perder.
Ir a un evento a ganar o a perder, parece lógico y fácil de entender, por lo que la esperanza generalizada es que tanto en febrero como en mayo no aparezca el que pretenda, desde el mismo terreno en que decidió jugar, presionar para cambiar las reglas con el espejismo de escaramuzas mediáticas y redes sociales.
Otro escenario en el que la figura del árbitro adquiere vigencia es el del Colegio de Abogados y sus recientes elecciones internas, que ha entrado en crisis por una de dos: o porque las reglas no estaban lo suficientemente definidas o porque hay malos perdedores, incapaces de asimilar el fracaso y gritan ¡Fraude!
En todo caso, ambos ejemplos abarcan certámenes con mecanismos para conocer reclamos y a los que se debería apelar y no pretender invalidar al árbitro antes convenido.
En el caso de la JCE, la única posibilidad será reconocer que lo parido por las urnas es la voluntad soberana del pueblo al que hoy los candidatos suplican su voto, y a los abogados les queda recurrir a las instancias de ley porque el veredicto de proclamación lo ha hecho la estructura correspondiente, que es la Comisión Nacional Electoral.
La importancia del árbitro radica en el papel decisorio de su fallo que, salvo violaciones flagrantes y notorias de sus propias normas, tiene que ser aceptado por ser el garante de que se respete cabalmente la voluntad de la mayoría.
