El ajuste fiscal en democracias enredadas

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Los diseñadores y ejecutores de políticas públicas tienen que dedicar más tiempo a la comunicación efectiva y al mercadeo inteligente de las medidas de ajuste que reclaman los crecientes desbalances fiscales. El tránsito desde precios mentirosos a precios que permitan al menos recuperar los costos de provisión de los servicios públicos, requiere de explicaciones convincentes, más aún, en estos tiempos en que el menos malo de los sistemas políticos está expuesto a protestas violentas estimuladas a través de las redes sociales. En democracias enredadas, lo que se requiera hacer, hay que explicarlo con mucha claridad, pero sobretodo, justificarlo con acciones y explicaciones que permitan convencer a la mayoría de la población. Si no se hace, podríamos estar abriendo las puertas a la destrucción y al caos.

Chile es el último ejemplo de lo anterior. La tarifa del metro, en hora pico, fue aumentada en 3.75%, al pasar de 800 a 830 pesos chilenos, es decir, de US$1.12 a US$1.16. Las redes sociales fueron utilizadas por jóvenes descontentos para explicar cómo deberían utilizar la violencia para destruir los equipos del Metro.
Las protestas y la destrucción de equipos se acrecentaron de tal manera por este aumento de 4 centavos de dólar, que el presidente Sebastián Piñera se vio forzado a dar marcha atrás.
Chile, una de las economías mejor manejadas de la región, cerrará con un déficit fiscal de 2.0% del PIB y una deuda pública consolidada de 45% del PIB en el 2019. La realidad es que las redes sociales pueden constituirse en plataformas de destrucción de activos y bienes públicos cuando grupos con agendas particulares aprovechan cualquier medida impopular, por insignificante que sea, para hacer avanzar la agenda oculta que los guía.

Días antes, Líbano evidenció lo mismo. El Gobierno del primer ministro Saad Hariri, dispuso la creación de un impuesto diario de 20 centavos de dólar por las llamadas de voz a través protocolo de internet (VOIP) tales como Whatsapp, Facebook y otras aplicaciones. El llamado “WhatsApp Tax” generó protestas gigantescas de jóvenes libaneses en las calles de Beirut. El Gobierno, al igual que acaba de suceder en Chile, dio marcha atrás. Líbano, que se sostiene gracias al flujo de depósitos provenientes del exterior, incluyendo de muchos libaneses no-residentes, evidenció en 2018 un déficit fiscal de 11% del PIB y una deuda pública de 151% del PIB. El WhatsApp Tax apenas generaría US$200 millones, un monto insignificante frente al déficit fiscal de US$6,200 millones en 2018. Otras medidas incluirían un aumento gradual del IVA del 11% hasta llevarlo en el 2021 a 15%, y un aumento en el impuesto sobre la gasolina. El fuerte desbalance fiscal, en una economía donde la tasa de cambio es fija, ha pasado factura a las reservas de divisas del Banque du Liban, en la medida en el influjo de depósitos del exterior bajó en el 2018, proyectándose que estas caerán en unos US$5,000 millones en el 2019.

La historia no fue diferente en el caso de los ajustes de Lenín Moreno en Ecuador. En lugar de subir la tasa el IVA, Lenín eliminó de un solo golpe los subsidios vigentes a la gasolina y al diésel, que hace poco habían cumplido 40 años de edad. Con la medida, el Gobierno reduciría el gasto público en US$1,400 millones, señal de compromiso ante el FMI que prestaría US$4,209 millones para financiar el déficit del sector público. La gasolina subió un 24% al pasar de US$1.85 a US$2.30 el galón mientras que el gasoil aumentó en 110%, pasando de US$1.08 a US$2.27. Lenín dijo que no daría marcha atrás, que el subsidio no regresaría. Pero regresó. Las redes sociales, las protestas de los sindicatos de trabajadores y del transporte, y de las comunidades indígenas sobrepasaron la voluntad del Gobierno. Ecuador se encuentra ahora en un limbo; nadie sabe quien estará en disposición de financiar el agujero fiscal. Luego del teatro de Macri en la Argentina y el default de Correa en Ecuador, el apetito de Wall Street por bonos ecuatorianos es similar al de un vegetariano por kipe crudo.

A todos ellos les antecedió Macrón. Aumentos en el precio del litro de gasolina y del gasoil de 3.9 y 7.6 centavos de euro, respectivamente, abrieron las compuertas a los denominados chalecos verdes que incendiaron todo lo que encontraban en su camino de protesta frente al ajuste de los precios de los combustibles, justificado por el Gobierno como medidas para crear las condiciones que permitirían a Francia cumplir con el Acuerdo de París que fijó metas a las emisiones de gases de efecto invernadero. Macrón se vio precisado a poner la reversa.

La antigua creencia de que una vez electos, los gobiernos reciben un cheque en blanco para ejecutar las medidas necesarias para sanear las finanzas públicas, luego de los episodios de violencia, destrucción y caos que el mundo ha observado desde el 2018 cuando gobiernos democráticos han tratado de adoptarlas, definitivamente ha quedado invalidada. Los gobiernos son elegidos cada 4 o 5 años, pero las medidas que piensen o deseen adoptar deben contar con la aprobación de la mayoría de la población, como sucedería en un régimen de democracia directa donde los ciudadanos son consultados cada vez que se desee realizar alguna reforma a la institucionalidad económica, social y política. En un régimen autoritario, el Gobierno dispone de grados de libertad en su accionar que hoy día brillan por su ausencia de las democracias enredadas.

¿Qué podemos hacer para lidiar con esta nueva restricción que ha impuesto el cambio tecnológico? Esta es una interrogante que deberá merecer análisis profundos y completos de parte de los expertos de la conducta humana, la economía del comportamiento, del marketing político y de los diseñadores de reformas y políticas públicas. Me parece, sin embargo, que un buen punto de partida es integrar a la población en el proceso de toma de decisiones. Frente a un déficit fiscal insostenible, que amenace la sostenibilidad de la deuda pública, la población merece que se le presente un menú de posibles opciones.

Una primera opción es la reducción de gastos improductivos, el cierre de ministerios y otras entidades centralizadas del Gobierno, la venta de empresas estatales y el despido o retiro anticipado de personal en la administración pública. Una segunda alternativa sería la reducción de los subsidios en los servicios públicos y la adopción de tarifas y precios que permitan recuperar los costos de provisión de los mismos. Una tercera opción sería la realización de una reforma tributaria que amplie la base imponible, reduzca exenciones y elimine agujeros impositivos establecidos en las leyes tributarias. Una cuarta opción, en caso de que fuese posible, es ganar tiempo, es decir, es no hacer nada, dejarle el muerto al próximo y continuar endeudando al Gobierno interna y externamente. Una quinta alternativa es el financiamiento del déficit con emisión monetaria, de manera que el desbalance fiscal termina siendo financiado con el impuesto de la inflación, una opción que los dominicanos probamos en el pasado y que recientemente, los venezolanos han comprobado lo que significa.

Existe una última alternativa cuyas consecuencias resultan imposibles de predecir: el cierre del Gobierno, la eliminación del Estado, y la adopción del auto-gobierno, un sistema en el cual los hogares y las empresas se las ingenian para auto-proveerse todo lo que necesitan para sobrevivir y prosperar. Algunos lo denominan el régimen de la selva. Esta opción, que sepamos, nunca ha sido ensayada, pero debe ser incorporada como alternativa en caso de ninguna de las anteriores reciba el visto bueno de la población. Es obvio que los consultados deben tener la opción de marcar más de una opción pues hacer descansar el ajuste en una sola no siempre resulta conveniente o sensato. La consulta puede hacer a través de un plebiscito.

Es fundamental que las consecuencias de cada opción se expliquen de manera comprensible, para que la población pueda votar con conciencia lo que ha elegido. Los gobiernos deben entender que las plataformas sociales en estas democracias enredadas llegaron para quedarse. En consecuencia, deberían reconocer que más importante que los Ministerios de la Juventud o de la Mujer sería la conversión de la Dirección de Información, Prensa y Publicidad en un Ministerio de Comunicación Social que dedique una parte considerable de los recursos, esfuerzos y tiempo en explicar, educar y edificar sobre políticas públicas a la creciente población que ha emigrado desde la televisión, la radio y la prensa escrita a las redes sociales.

Una vez obtenido los resultados de las consultas y preparado el conjunto de medidas para hacer frente al problema fiscal, convendría la presentación de las mismas, conjuntamente con las medidas de compensación, a grupos de enfoque (“focus groups”) para determinar qué modificaciones serían necesarias introducir a las medidas, así como los ajustes recomendados al mensaje, comunicación y explicación final de las reformas a ser introducidas. Finalmente, sea sensato y precavido. Antes de anunciar las medidas, tire los militares a las calles; llamarlos cuando el rancho está ardiendo, revela un serio déficit de previsión.

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