Tras la caída de Trujillo en 1961, la República Dominicana enfrentó una profunda inestabilidad política, económica y social que también se reflejaba en el sector eléctrico.
En ese contexto, el acceso a la electricidad estaba limitado a las grandes ciudades como Santo Domingo y Santiago, mientras que el resto del país permanecía en la oscuridad o con servicios eléctricos precarios y aislados. La infraestructura heredada era obsoleta, insuficiente y extremadamente vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional, debido a la dependencia casi total del petróleo.
Durante ese periodo, la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) operaba sin planificación ni capacidad financiera suficiente para modernizar o ampliar el sistema.
Las inversiones eran mínimas, las pérdidas técnicas elevadas y la calidad del servicio deficiente, con apagones prolongados e impredecibles que afectaban tanto la vida cotidiana como el desarrollo económico. Las familias con mayores recursos debían recurrir a plantas privadas, encareciendo la producción y profundizando la desigualdad en el acceso a la energía.
La crisis política profundizó aún más esta precariedad, especialmente tras la Revolución de Abril de 1965 y la posterior intervención militar estadounidense.
El sistema eléctrico quedó relegado en la agenda pública, priorizándose la estabilidad política sobre la modernización energética. Así, el país heredó un sistema rezagado, incapaz de sostener el desarrollo económico que la nación demandaba en las décadas siguientes.
Durante los gobiernos del Dr. Joaquín Balaguer, la República Dominicana vivió una transformación profunda en el sector eléctrico, gracias a una ambiciosa política de inversión pública financiada principalmente con recursos propios del Estado.
Consciente de que el desarrollo económico requería una base energética sólida, el gobierno reformista impulsó la diversificación de la matriz mediante la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos, siendo los principales las presas de Tavera-Bao, Valdesia, Jigüey, Aguacate, Río Blanco y de Rincón. Esta estrategia permitió reducir la dependencia del petróleo y consolidar una capacidad instalada más limpia, estable y sostenible.
La expansión de la hidroelectricidad, acompañada de la modernización de plantas térmicas y el fortalecimiento de la red de transmisión, permitió llevar electricidad a regiones históricamente marginadas y sentar las bases para la industrialización nacional. Al entregar el poder en 1996, el Partido Reformista dejó un sistema energético estable, con una matriz diversificada que combinaba generación renovable y térmica. Aunque persistían retos administrativos y financieros, el legado reformista en materia eléctrica marcó un antes y un después en la historia energética del país.
Por José Balaguer
Miembro del Directorio Presidencial del PRSC
