El nombre es un derecho inherente, fundamental, humano y de la personalidad; es un derecho generador de derechos. Es con el nombre que la persona queda individualizada y con capacidad para usufructuar y ejercer los demás derechos que le confiere el sistema jurídico. Al dar una mirada al marco jurídico internacional de protección al nombre y la identidad de la persona, se puede observar que: Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”; por su parte, el Pacto sobre los Derechos Civiles y Políticos, consigno: “Todo niño/ niña será inscrito inmediatamente, después de su nacimiento y deberá tener un nombre”; y la Declaración de los Derechos del Niño, establece: “El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre”.
Individualizar una persona está relacionado con el conjunto de elementos que permiten distinguirla física, jurídica y socialmente de otra. Sin embargo, el apellido es la designación con la cual se conoce, se identifica, se vincula a los miembros de una familia, y se les individualiza de las demás familias. Este se transmite de padre/madre a hijos, y pueden variar las reglas de adquisición, la cantidad de apellidos y el orden en que estos se lleven, lo que puede variar de un país a otro; en ese sentido, es potestad legislativa de cada nación definir ese tema, por lo general vinculado a su proceso de evolución, a cuál o cuáles otras naciones estuvieron más relacionadas y cuál ejerció mayor influencia cultural y jurídica en ella.
En República Dominicana los apellidos se adquieren por filiación, que es el vínculo que une a la madre y al padre con sus hijos. En ninguna parte de la legislación dominicana se hace referencia a cuál de los apellidos se debe llevar primero, si el del padre o el de la madre; sin embargo, hasta ahora el orden de los apellidos en República Dominicana obedece a la concepción histórica, al día de hoy, aunque en algunos aspectos ha variado y el derecho a la igualdad es un derecho fundamental previsto en el artículo 39 de la Constitución, eso permanece intacto. Pero permanece intacto por la cultura, la costumbre en la aplicación e interpretación de la ley, no porque esta lo establezca.
Al tratar elementos fácticos sobre el orden de los apellidos como identidad, a través de una acción directa en inconstitucionalidad contra el artículo 46 de la Ley 659 de 1944 sobre actos de estado civil y del artículo 57 del Código Civil dominicano, el Tribunal Constitucional, mediante sentencia TC/0127/21, estableció: “…cabe destacar que el texto cuestionado no establece que el apellido del padre ocupe el primer lugar en el orden de apellidos de los hijos, pero en la práctica se hace de esa forma, lo cual supone una situación discriminatoria”.
Continua el tribunal: “Resulta que las alegadas violaciones son imputables a la autoridad competente al momento de aplicar el texto objeto de análisis y no al legislador que la dictó; por tanto, la norma atacada no es inconstitucional, sino que de lo que se trata es de una mala práctica o incorrecta interpretación de los referidos textos legales”.
Por lo tanto, en nuestro ordenamiento jurídico no hay una norma que establezca un orden de apellidos y, en tal sentido, tal decisión se ha dejado al libre albedrio de los padres.
