El poder también se reparte antes de votar

El elector merece participar de esa conversación antes de recibir la boleta. Porque el poder también se reparte antes de votar

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Por Leonardo Gil

Analista y consultor político

Un ciudadano puede pasar meses escuchando a los candidatos, comparar propuestas y decidir su voto. Sin embargo, antes de que llegue a la urna, una decisión ya habrá delimitado sus opciones: cuántos diputados podrá elegir su territorio. Esa discusión suele quedarse entre técnicos, partidos y legisladores, aunque sus consecuencias pertenecen a todos.

El borrador de la Junta Central Electoral para distribuir las diputaciones territoriales de 2028 ha vuelto visible ese asunto. La propuesta contempla 158 escaños, utiliza como referencia el padrón electoral de mayo de 2024 y respeta un mínimo de dos representantes por provincia. Todavía es un borrador sujeto a observaciones.

La reacción política se ha concentrado en quiénes perderían representación. Es comprensible: cada reducción altera expectativas, espacios y posibilidades de elección. Pero el debate necesita una pregunta anterior: ¿qué estamos representando y con qué criterio lo contamos?

La cantidad de diputados expresa una decisión sobre cómo organizar la voz ciudadana dentro del Congreso. Por eso merece una explicación que vaya más allá de una tabla. El elector debe poder entender por qué una demarcación tendría determinada cantidad de representantes y cómo se compara su situación con la de otras.

En La Altagracia, algunos legisladores han cuestionado que el padrón utilizado refleje adecuadamente una provincia que recibe población de otros territorios. El planteamiento abre una discusión relevante, pero exige distinguir categorías. Vivir en una provincia, trabajar en ella y estar inscrito electoralmente allí son condiciones que pueden coincidir o corresponder a lugares diferentes.

Confundirlas dificulta la conversación. El crecimiento económico tampoco equivale automáticamente a crecimiento del padrón. Cada afirmación necesita su dato, su fecha y su explicación. Una objeción puede ser políticamente comprensible y todavía requerir demostración técnica.

Desde la comunicación política, aquí aparece una responsabilidad compartida. La autoridad electoral debe explicar el procedimiento en lenguaje accesible. Quienes lo cuestionan deben identificar qué aspecto consideran incorrecto y presentar evidencia. Los medios tenemos que evitar que una propuesta provisional termine convertida, por repetición, en una decisión consumada.

También conviene reconocer los intereses presentes. Un legislador puede defender una preocupación legítima de su comunidad y, al mismo tiempo, enfrentar consecuencias personales por una reducción de escaños. Esa coincidencia merece escrutinio. El ciudadano tiene derecho a examinar ambos planos.

La consulta ofrece un espacio para hacerlo. Su valor dependerá de la calidad de los argumentos y de las respuestas que reciban. Un reclamo sólido debe permitir comprobar el cálculo, comprender el criterio y evaluar sus efectos. La intensidad de una declaración no sustituye ese trabajo.

Reducir el debate a una competencia entre provincias empobrece su alcance. Lo que está en juego es la relación entre ciudadanía y representación: cómo se distribuye, cómo se explica y cómo puede cuestionarse dentro de las reglas democráticas.

El elector merece participar de esa conversación antes de recibir la boleta. Porque el poder también se reparte antes de votar.

Y cada curul pertenece a una representación ciudadana antes que a una carrera política.

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