Haití: entre la ONU y OEA y una paz que nunca llega

Haití lleva décadas esperando que la comunidad internacional convierta sus resoluciones en resultados. Mientras los organismos multilaterales celebran reuniones, aprueban mandatos y anuncian misiones, millones de haitianos continúan atrapados entre la violencia, la pobreza y el debilitamiento de sus instituciones.

La pregunta inevitable: ¿cuántas intervenciones internacionales necesita un país para recuperar su derecho a vivir en paz?

Desde 2004, la ONU ha desarrollado iniciativas para enfrentar la crisis haitiana. Primero llegó la Fuerza Multinacional Provisional, autorizada mediante la Resolución 1529. Posteriormente, la MINUSTAH, establecida por la Resolución 1542, permaneció hasta 2017 con componentes militares, policiales y civiles. En ese mismo orden, le siguieron la MINUJUSTH, orientada al fortalecimiento de la justicia y el Estado de derecho, y la BINUH, concebida para acompañar políticamente la reconstrucción institucional.

En 2023, el Consejo de Seguridad autorizó, mediante la Resolución 2699, una Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad destinada a respaldar a la Policía Nacional Haitiana. Conviene precisar que no se trataba de una operación tradicional de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Por su parte, la OEA ha desarrollado una actuación diferente: misiones políticas, observación electoral, asistencia técnica, diálogo institucional y fortalecimiento democrático.

La ONU ha concentrado buena parte de sus esfuerzos en la seguridad y la estabilización; la OEA, en el acompañamiento político e institucional. Ambas intervenciones responden a responsabilidades distintas, pero enfrentan una misma realidad: la fragilidad persistente del Estado haitiano.

Sin embargo, existe una contradicción difícil de ignorar, la acumulación de resoluciones, misiones y recursos no ha garantizado una transformación duradera de las condiciones de vida de la población.

La experiencia demuestra que ningún despliegue internacional puede sustituir indefinidamente la responsabilidad de las instituciones nacionales. Tampoco puede ignorar los principios de soberanía, legalidad, y respeto a los derechos humanos. Para República Dominicana, esta crisis representa además un desafío directo en materia de seguridad fronteriza, estabilidad regional y relaciones internacionales. Haití necesita cooperación internacional, pero también instituciones legítimas, justicia efectiva y oportunidades económicas.

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