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Algunos lectores me han cuestionado y reclamado que, si no es una exageración, que explique en el contenido del artículo de la semana pasada en el que digo que República Dominicana promete a los inversionistas seguridad jurídica (o respeto a la ley), pero pregunto si nos estamos ocupando de que el sistema de justicia funcione y cumpla el papel asignado por la sociedad y no se convierta en un sistema de injusticias.

No es mi estilo exagerar, ni alarmar innecesariamente. Por eso, trataré de resumir la larga historia que inició en 1987 cundo la empresa Yupa adquirió una propiedad ubicada entre Cabeza de Toro y Cabo Engaño (Punta Cana), y comenzó un largo calvario en el sistema de justicia cuyo última estación parecía ser el desalojo de dos ocupantes ilegales ocurrido el 12 de noviembre, 107 días después que la Suprema Corte de Justicia reconocía su derecho, pero fue necesario dar muchas vueltas y gastar saliva en oficinas del sistema de justicia para lograr el desalojo.

El propietario original de la parcela 67B del Distrito Catastral 10/3 de Higüey, fue el Banco Agrícola. En 1972 la vendió a Francisco Caraballo. El terreno fue deslindado y en 1986 paso a manos de la sociedad comercial ALBRICIA, que en 1987 la vendió a compañía YUPA. Pero 13 años después, a pesar de ser una propiedad deslindada con derecho registrado, los señores desalojados (Silverio Cruz y Bolívar Díaz) hicieron un nuevo deslinde y le pusieron como nueva identificación parcela 67B 249. En junio del 2008 el Tribunal de Tierras del Distrito Nacional emitió la sentencia que reconoce los derechos de YUPA. En agosto del 2010 el Tribunal de Tierras de Higüey ordenó cancelar el título emitido a favor de YUPA. Pero YUPA apeló y en abril del 2015 el Tribunal Superior de Tierras del Departamento l falló a su favor reconoció su derecho de propiedad.

En mayo del 2015 Silverio Cruz apeló en la Suprema Corte de Justicia la sentencia que reconoce el derecho de YUPA. La audiencia se celebró en febrero del 2016 y la sentencia a favor de YUPA salió en octubre del 2016. Esta decisión fue sometida por Silverio Cruz a una revisión del Tribunal Constitucional, que 5 años después (en octubre del 2021), anuló la sentencia y envió el expediente a la Suprema Corte de Justicia para revisar las motivaciones de su decisión. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó de nuevo la petición de Silverio Cruz y falló de nuevo el 29 de julio del 2022, reconociendo los derechos de YUPA, que hace años es propiedad de inversionistas españoles.

El 12 de noviembre se hizo el desalojo. Se pensaba que el calvario judicial había terminado. Pero el jueves 17 apareció en la propiedad el Procurador General Adjunto para el Medio Ambiente para iniciar un nuevo expediente, esta vez por supuesta depredación ambiental. Llegó acompañado de otro ocupante ilegal que ya tiene sentencia de desalojo. ¿Comienza un nuevo viacrucis? Así es nuestra cacareada seguridad jurídica.

Posted in Opiniones
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