La Constitución establece expresa y taxativamente en el artículo 179 las funciones que desempeñará el Consejo Nacional de la Magistratura y entre estas, para la actual convocatoria, figuran: 1) Designar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia; 3) Designar a los jueces del Tribunal Superior Electoral y sus suplentes; 4) Evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.
La vacante en la Suprema Corte de Justicia, dejada por el juez Napoleón Estévez Lavandier, quien en diciembre de 2023 fue designado presidente del Tribunal Constitucional, debe ser llenada por la cuarta parte de profesionales del derecho, académicos o miembros del Ministerio Público, según lo consignado en el 180 constitucional sobre criterios de escogencia de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, por lo cual, independientemente de la suerte que corran los 4 jueces a los que les corresponde evaluación, solo para llenar dicha vacante se tendrá que realizar llamado a vistas públicas y evaluaciones de candidatos por parte de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.
En este sentido, la Constitución establece en el artículo 181.-Evaluación de desempeño: “Los jueces de la Suprema Corte de Justicia estarán sujetos a la evaluación de su desempeño al término de siete años a partir de su elección, por el Consejo Nacional de la Magistratura. En los casos en que el Consejo Nacional de la Magistratura decidiere la pertinencia de separar un juez de su cargo, deberá sustentar su decisión en los motivos contenidos en la ley que rige la materia”.
Sin embargo, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, expresó: “Lo ideal sería que los jueces de la Suprema Corte sean designados por un período único y fijo como ocurre con los del Tribunal Constitucional para evitar presiones políticas y preservar la independencia del Poder Judicial”; criterio que compartimos en su totalidad, sobre todo como garantía de imparcialidad e independencia judicial; ahora bien, en la modificación reciente a la Constitución es una prerrogativa que no se modificó y sigue estando bajo la potestad constitucional absoluta del Consejo Nacional de la Magistratura dicha evaluación de desempeño de los jueces, miembros de la Suprema Corte de Justicia que hayan ejercido funciones por un período de siete años, lo cual, no impide que los magistrados Blas Rafael Fernández Gómez, Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Alfredo Ferrer Landrón podrían ser elegidos por un nuevo período dentro de la Suprema Corte de Justicia.
Ahora bien, espero que en dicha evaluación sea de público conocimiento y se tome en cuenta como competencias judiciales a evaluar, el número de sentencias pronunciadas y cantidad de incidentes fallados, número de audiencias en que participó el juez durante cada mes de los 7 años, la cantidad de casos conocidos y la estructura de las sentencias que son falladas.
Es impertivo que el proceso de evaluación de desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura cuente con herramientas para medir y detectar todos los elementos que inciden en el desempeño de la judicatura y sirvan como sustento para la decisión de separación o ratificación según ordena nuestra Constitución.
Necesitamos conocer del liderazgo, comunicación y las relaciones interpersonales de aquellos que nos administran justicia y consolidan nuestro Estado social y democrático de derechos.
