Al cumplirse dos décadas de la promulgación de la Ley No. 87-01, que dio origen al Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS), nos enfrentamos a una cruda y dolorosa realidad: estamos ante un sistema que ni es seguro, ni es social. Es, más bien, un sofisticado mecanismo de despojo legalizado que castiga a los trabajadores dominicanos, robándoles no solo su dinero, sino su dignidad y su futuro.

Durante 24 años, nos han vendido la supuesta garantía de una vejez digna. Sin embargo, esa narrativa es una fachada cuidadosamente construida. Detrás de esa máscara se esconde una de las más grandes estafas institucionalizadas de la historia reciente del país: un esquema que ha beneficiado a unos pocos —las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)— a costa del sudor, los sacrificios y la esperanza de millones de trabajadores.

Hasta la fecha, estas AFP administran más de 1.15 billones de pesos —sí, billones— según cifras oficiales del portal de la ADAFP. Una suma colosal que, paradójicamente, no se traduce en bienestar para quienes la generaron. Al contrario, ese dinero se convierte en un espejismo inalcanzable para la mayoría al llegar la edad de retiro.

¿Y qué ocurre cuando un trabajador llega a los 60 años, después de 20, 25 o incluso 30 años de cotizar religiosamente? ¡La gran sorpresa! En el momento de mayor vulnerabilidad, cuando la salud comienza a resquebrajarse, el sistema le arrebata el seguro. Una persona con presión alta, diabetes, problemas renales o del corazón debe resignarse a mendigar un seguro subsidiado. ¿Es esto justo?, ¿Es esto humano?

Veamos un ejemplo concreto: un trabajador que comienza a los 20 años y cotiza sin interrupción hasta los 60, ganando RD$30,000 mensuales, acumularía apenas RD$413,280. Dividido en 10 años, recibiría una pensión de RD$3,444; si se extiende a 15 años, sería apenas RD$2,296. Una burla. Una miseria que no alcanza ni para cubrir los medicamentos básicos, mucho menos una alimentación decente o una vida tranquila.

En resumen, este sistema no fue diseñado para proteger a los trabajadores, sino para enriquecer a las AFP. Se nutre del sacrificio de millones para llenar los bolsillos de unos pocos. Es un sistema perverso, abusivo e inhumano, que debe ser denunciado con fuerza y transformado con urgencia. Porque una nación que permite que sus ancianos mueran en la pobreza, después de haberlo dado todo, es una nación que ha perdido el alma.

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