Las organizaciones políticas progresistas y de izquierda de América Latina produjeron una declaración que trae elementos que llaman la atención. Lucen desconocer las ciencias sociales explicadas por el marxismo sobre los efectos de la economía en el comportamiento social y político.

Se trata de la “Declaración Final del XXIII Encuentro del Foro de Sāo Paulo-Managua, Nicaragua-2017”, subtitulada “Nuestra América en Pie de Lucha”.

Su lectura confunde puesto que parece una típica declaración a propósito de las situaciones de conflictos de la “Guerra Fría” de los años setenta; pero es de fecha tan reciente como el pasado 17 de julio de 2017.

La declaración es propia para los años de luchas por derechos políticos, libertades públicas y espacios institucionales. En la actual fase del proceso se persigue la vigencia de los derechos económicos y sociales; derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social; vinculados al comportamiento y manejo de la economía desde el Estado.

La declaración hace, en su segundo párrafo, una afirmación que define su perfil; dice: “…la necesidad de transformar o reformar la sociedad desde los espacios institucionales recién ocupados, descuidó el desafío de construir hegemonía popular, única fuente de poder capaz de dotarlos de la fuerza necesaria para derrotar los predecibles intentos del imperialismo y las oligarquías criollas de restablecer su antiguo dominio monopólico del Estado”.

Evidentemente es una negación conceptual a leyes sociales y económicas que vinculan al poder popular con las condiciones de vida y el manejo económico desde el Estado. En esa declaración no se advierte que si la economía va mal, le va políticamente mal al partido gobernante.

La crisis política en América del Sur se origina porque en 2016 tuvo una retracción o decrecimiento de (menos) -2.1%; en cambio, Centroamérica y México una expansión de 3,8% y 2,3%, respectivamente.

Relacionando esos indicadores con la estabilidad política, puede verse que en los 6 países que experimentaron crecimiento del PIB en el 2016, no hubo crisis; fueron República Dominicana 6%; Panamá 5.9%; Nicaragua 4.5%; Bolivia 4.5%; Costa Rica 4.3%; y Uruguay 1.5% (fuente CEPAL). En cambio, en Suramérica los países de sentidas crisis políticas, fueron los mismos con decrecimientos económicos: Brasil -4.4%, Argentina con -3.3%, Ecuador -2.9%.

Esas diferencias explican porqué se pierde “hegemonía popular”. En Brasil el PT sacó 40 millones de la pobreza, pero hubo mayores reclamos, no solo ante necesidades crecientes, sino porque sentían la crisis económica que los amenazaba con devolverlos a la pobreza. Sin embargo, Uruguay redujo la pobreza a 9% y al crecer la economía hay estabilidad; en Ecuador casi pierde las elecciones el partido gobernante Alianza País.

En consecuencia, el poder popular descansa en una economía sana y aplicando políticas públicas inclusivas y de igualdad de oportunidades como “única fuente de poder capaz de dotarlos de la fuerza necesaria para derrotar los predecibles intentos del imperialismo y las oligarquías criollas de restablecer su antiguo dominio monopólico del Estado”, como afirma la declaración.
Lo demás es populismo, que nada tiene que ver con posiciones progresistas y de izquierda. Ha sido probado históricamente que deben involucrarse fuerzas económicas típicamente burguesas para empujar en la sociedad la producción de bienes y servicios; confundir burgueses con oligarquías es desconocer el proceso histórico social latinoamericano.

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