Hoy, martes 27 de julio, se cumplen 20 días del magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse, que según el informe forense oficial recibió 12 disparos, fue torturado y le extrajeron un ojo mientras se encontraba en su casa sin que la seguridad presidencial ni ninguna otra fuerza del orden disparara un solo tiro para evitar que sus asesinos perpetraran este horrendo crimen. Este asesinato se produce dos meses antes de las elecciones presidenciales, convocadas para el 26 de septiembre, en las que él no podía ser candidato. En estas dramáticas y misteriosas circunstancias ha perdido la vida el mandatario haitiano.
Luego de transcurridos 16 días, el pasado viernes, fue que se logró sepultar el cadáver del presidente Moïse. Sin embargo, las protestas y violencia en las proximidades de los actos fúnebres provocaron que iniciase con dos horas de retraso y en medio de la ceremonia las delegaciones de Estados Unidos, de la ONU y de otros países tuvieron que abandonar abruptamente las honras fúnebres ante el temor de que sus vidas corriesen peligroso por el ambiente de inseguridad y violencia que había en los alrededores.

La inseguridad en Haití no es episódica, por ejemplo, solamente en el pasado mes de junio más de 150 personas fueron asesinadas y otras 200 secuestradas en Puerto Príncipe, según un informe del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH).

Sería pertinente preguntarnos: ¿Cómo se explica que la inseguridad en Haití sea de tal dimensión que ni la vida del presidente se encuentre garantizada y que las delegaciones internacionales tengan que salir despavoridas de un acto oficial ante el temor de ser acribilladas por fuerzas incontrolables?

La repuesta a esta inquietud radica en el hecho de que la inseguridad en Haití no responde a un fenómeno ocasional sino estructural que proviene de la pobreza extrema y del estado crónico de inestabilidad política. En consecuencia, no se ha logrado el desarrollo institucional y el gobierno carece de control efectivo sobre su territorio llevando a que Haití sea considerado un Estado fallido.

Inestabilidad política y pobreza extrema

Haití fue el primer país de América Latina y el Caribe en lograr su independencia de las colonias europeas; la primera nación de raza negra en lograrlo y uno de los primeros países del mundo en abolir la esclavitud.

Sin embargo, luego de esas loables hazañas y de ponerle fin a la dictadura de los Duvalier, en el 1986, la clase dirigente haitiana no ha logrado estabilidad política ni completar la transición a un Estado democrático. Lo constante ha sido: golpes de estado, gobiernos de transición o interinos, intervenciones extranjeras y crisis electorales.

La inestabilidad política es tan grave que Haití es el único país de América que ha tenido 20 gobiernos en los últimos 35 años. Si nos vamos más atrás y revisamos desde su independencia, 1804 al 2020, solamente el 25 % de los jefes de Estado haitianos lograron terminar su mandato y el 49 % de los que accedieron al poder fueron derrocados. Incluso, la inestabilidad política caracterizó los cuatro años que gobernó el asesinado presidente Moïse en los que nombró a siete primeros ministros.

Ante esta constante inestabilidad, la comunidad internacional ha intervenido desde el 1993 a la fecha, con nueve misiones que han buscado pacificar y estabilizar el país. Se trata de: MICIVIH, UNMIH, UNSMIH, UNTMIH, MIPONUH, MICAH, MINUSTAH, MINUJUSTH y desde el 2019 con la BINUH creada para “asesorar al Gobierno de Haití en la promoción de la estabilidad política y el buen gobierno”, cuyo mandato vence el 15 de octubre de 2021.

Sin embargo, la fórmula para lograr estabilidad política y completar la transición democrática en Haití sigue sin descifrarse, ni los propios nacionales haitianos ni las nueve misiones foráneas la han encontrado.

Las consecuencias de la inestabilidad, la sufre el noble y valeroso pueblo haitiano al empeorar cada día su condición de vida. Según el Banco Mundial, el 60 % de su población vive en la pobreza, con un ingreso de menos de dos dólares diarios. Por su lado la ONU establece que alrededor de 4 millones de haitianos padecen inseguridad alimentaria, más de un tercio de la población haitiana carece de acceso a agua potable y la mitad de los haitianos de 15 años o más son analfabetos.

Esta incendiaria combinación de inestabilidad política y pobreza extrema que se agrava con el reciente magnicidio del presidente Moïse, representa una amenaza a nuestra seguridad nacional e incluso hemisférica.

En consecuencia, nuestra diplomacia debe actuar rápido y promover que la comunidad internacional intervenga modificando el mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) para convertirla en una misión de estabilización de paz bajo el capítulo VII de la carta de la ONU para recuperar el orden y promover la estabilidad política.

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