Una de las grandes necesidades identificada en los seminarios celebrados para analizar los retos judiciales ha sido la modernización de la administración de justicia para hacerla más fluida, eficiente y rápida. Parte de las exigencias del usuario es acudir a medios sencillos y que simplificaran las complicaciones propias de los procedimientos, muchas veces agravados por un cúmulo de requerimientos que esperan respuesta y de la complejidad proveniente de las mismas leyes envueltas en un laberinto de actos, plazos y formas.
En medio de las dificultades de una pandemia que creó un paréntesis involuntario enorme y con los tropiezos propios de todo mecanismo novedoso de implementación desconocida, el servicio judicial fue navegando en una digitalización que, a pesar de incomprendida, se hizo imprescindible en esos momentos aciagos para seguir a distancia lo que impedía la cercanía para los que buscaban soluciones en los tribunales. Pasada la tormenta, quedan los aprendizajes de lo que pudiera resultar útil para agilizar los procesos y hacerlos más expeditos, en miras de obtener un resultado a la mayor brevedad que el sistema permita. Luego de satanizar la virtualidad, queda analizarla sin los apasionamientos propios de toda discusión polarizada y despojándose de intereses sectoriales, bajo la certeza de problemas como el tránsito, la escasez de los parqueos y la economía de tiempo y material gastable como factores a considerar.
Cuando los medios electrónicos son parte de nuestra existencia, el sistema judicial no podía quedar rezagado en nuestro país en que, de acuerdo con informes del Indotel de 2021, existen aproximadamente 9.7 millones de líneas de telefonía móvil activa donde 9 de cada 10 dominicanos tiene un teléfono celular, cantidad incrementada en un 24% para el año 2023 y contando. El uso de internet va también en escala ascendente superior al 49.9% calculado entonces, cuando se determinó que el 95.2% de la población lo había usado, a traves de WhatsApp, Zoom y Teams.
Si a la anterior información agregamos que a marzo de 2024 el total de líneas telefónicas y móviles superó los 11.7 millones y que los ingresos de los servicios de telecomunicaciones en 2021 superaron en 6,015 millones a los del año anterior, estamos hablando de que no existen problemas de conectividad tomando en cuenta que en 2022 las cuentas de internet fijo alcanzaron 1.1 millones y los de móvil 8.9 millones en precios relativamente módicos. Entonces, no nos luce objetar el uso de la tecnología en los procesos judiciales cuando, las estadísticas no mienten y nos dicen a gritos que, en la actualidad, es más fácil encontrar internet en cualquier espacio, que un vaso de agua.