Se ha dicho, y al parecer es cierto, de muchos funcionarios públicos electos y designados por decreto en falta de la obligación de cumplir con el requisito de presentar una “declaración de bienes”, como exige la Constitución de la República. El presidente Luis Abinader ha sido enfático en la necesidad de hacer cumplir esa obligación, pero a medida que transcurre el tiempo el interés por el tema desaparece. Pasa igual en esta como en otras administraciones pasadas.
El Presidente ha dicho incluso, fijando plazos, que aquellos en falta serían excluidos de la nómina pública. Como ya no se habla de ello, se presume problema resuelto.
La tradición indica cuán difícil nos resulta unirnos en pro de un objetivo común cuando surgen los intereses partidistas. Se ha dado así a despecho de situaciones en los que no existían diferencias abismales e incluso en circunstancias de pareces coincidentes.
Pero la violación del requisito de presentar una declaración jurada de bienes a quienes ejercen funciones públicas, tanto en el gobierno central como en los demás poderes del Estado, no puede seguir tolerándose, so pena de erosionar la confianza ciudadana en las instituciones públicas y en quienes las dirigen.
Los gobiernos deben ser firmes y aplicar todo el peso de la ley para defender los principios de la Constitución en la vida pública y garantizar los derechos ciudadanos. Y en la consecución de los objetivos de la disposición constitucional, sería una incoherencia total de la comunidad política y la sociedad civil negar el respaldo requerido para hacerlos cumplir a plenitud, sin excepciones, sea ahora o en el futuro.
Aunque a decir verdad, de poco ha valido ese requisito en la lucha contra la corrupción. Muchos avivatos se las arreglan para declarar los bienes con los que piensan salir tras ejercer una función pública.
