Cuando era juez del Tribunal Constitucional, Víctor Gómez Bergés, puso en circulación en el 2016 un libro sobre los “derechos económicos, sociales y culturales en la Constitución” del 2010. Según escribí entonces, su tesis es útil a todo debate académico y político acerca de la importancia que esos elementos tienen para la vida institucional dominicana y un homenaje a su memoria.
La obra dedica un amplio capítulo al análisis del problema migratorio, el más controversial de esos derechos en el contexto actual de las relaciones bilaterales con Haití. El autor plantea el tema desde una perspectiva histórica, social y política, a la luz de las experiencias migratorias más conflictivas del fenómeno en el hemisferio, como han sido los casos excepcionales del flujo migratorio de México a Estados Unidos; de Nicaragua a Costa Rica y por supuesto del vecino estado hacia esta parte de la isla. Gómez Bergés califica esta última como la “más compleja y difícil” registrada en el continente, y señala la atención que ha atraído a nivel mundial desde la sentencia del Tribunal Constitucional de septiembre del 2013.
Según el jurista, la gravedad del problema reside en un cálculo conservador de la población ilegal existente a causa del éxodo migratorio entre 800 mil y un millón de personas, lo que a su juicio ha empobrecido el salario y creado un desplazamiento de mano de obra nativa en tareas agrícolas y en la construcción de obras de infraestructura. “Esta realidad”, dice el autor,” se ha acrecentado creando una mayor y más grave dificultad social y política en el país”. Califica como falso el alegato de apatridia que “esgrime Haití”, debido a que la sentencia del tribunal se dictó conforme a lo establecido en la Constitución vigente.
Con su obra, sin duda polémica, Gómez Bergés reabrió una importante fuente de discusión sobre el asunto migratorio, el más debatido de las relaciones bilaterales.
