Una nueva reforma fiscal, a todas luces más impuestos para la clase media y los grupos más vulnerables, luce prácticamente improbable en la etapa final de la actual administración.
Por años, la idea se ha sustentado en la supuesta necesidad de aumentar los ingresos del Estado para encarar las demandas del país.
Así ha sido siempre y los resultados no podrán ser distintos a las experiencias vividas: gobiernos ricos con pueblos cada vez más insolventes.
El problema radica en la resistencia del liderazgo político nacional a aprender de las experiencias de naciones más exitosas y desarrolladas.
Por ejemplo, recuerdo perfectamente que Ronald Reagan en lugar de cargarle más peso a la población optó por comprimir el gasto público, achicando el papel del Estado en la vida de los estadounidenses.
La economía creció y el nivel de vida de los ciudadanos de Estados Unidos mejoró notablemente. En condiciones difíciles, la Junta de Reserva Federal suele bajar las tasas de interés para impulsar la dinámica económica.
Cuando eso ocurre, el dinero deja de ser una mercancía de lujo, los préstamos se abaratan y la gente dispone de mayor accesibilidad a préstamos para adquirir vivienda y resolver necesidades familiares, casi siempre apremiantes en países como el nuestro.
La reforma, planteada como uno de los tres pilares básicos de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, no ha podido ser implementada y no parece haber condiciones en lo que resta de la administración del presidente Abinader para impulsarla, por lo que se ha visto en varias oportunidades obligado a echar atrás el esfuerzo por ponerla en curso.
Los economistas dicen que las condiciones presentes obligan a una posposición por un tiempo que no se alcanza a ver en la actualidad, sin posibilidades de que llegara a ser un objetivo común de las clases política y empresarial del país.
