En el día de ayer el Grupo Dominicano de la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDPGD) publicó el documento denominado «Ministerio Público en la covidianidad. Sugerencias y Aportes».
Tal como lo había hecho el Instituto Caribeño para el Estado del Derecho (ICED) con el Poder Judicial, el documento preparado por AIDP contiene las propuestas para el retorno a las labores del Ministerio Público.

Si bien este trabajo plantea la virtualidad como eje transversal de los servicios que ofrece el Ministerio Público, enfatiza que -en su caso- la forma presencial no deja de ser la más idónea.

Hay ciertos usuarios que necesitan saber que son escuchados y, por eso, requieren ser atendidos de forma personal. Como ocurre con la recepción de denuncias y querellas, los casos de violencia de género e intrafamiliar, los de pensiones alimenticias y los de regulación de visitas de menores de edad, entre otros.

El documento sugiere que, la Procuraduría General de la República, trace líneas claras de política criminal tendentes a disminuir el número de casos que ingresan al sistema lo que se traduce en la disminución de personas dentro de las edificaciones y de internos en los centros penitenciarios.

Para esto se propone, entre otras soluciones, propiciar métodos alternativos de solución de conflictos y la reducción de los requerimientos de imposición de prisión preventiva a casos verdaderamente graves.

La informática aparece como medio para ofrecer múltiples servicios, generalmente requeridos por abogados. En este aspecto, se resalta la necesidad de asignar un correo institucional a todos los fiscales del país y la instauración de la firma digital, amén de la urgente revisión, actualización y consolidación de los sistemas informáticos empleados por las distintas fiscalías.

Otro aspecto importante que se destaca es la necesidad de fijar atención especial en ciertas conductas delictivas, que se pueden haber incrementado en el tiempo de la pandemia, tal como la falsificación de medicamentos y de insumos de salud; enfatizando, además, la importancia de la prevención e investigación de los delitos electorales tomando en cuenta el proceso en que está inmerso nuestro país.

Todas estas propuestas invitan a que, el Ministerio Público, haga conciencia de los ajustes que debe realizar, para dar un servicio eficiente a los ciudadanos; comprendiendo que la covidianidad se ha instalado entre nosotros y que, por mucho tiempo, será un estilo de vida.

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