En un movimiento inesperado, pero oportuno, recibimos la noticia del cambio de dirección en la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET). La decisión resulta apropiada, a juzgar por los desafíos que afronta el sistema público de transporte y la experiencia que posee el nuevo intendente, Jhael Isa Tavárez, en el tema.
Lo interesante del cambio no está en que removieran al director anterior, sino en que, desde hace un tiempo, el gobierno dominicano ha ido anunciando múltiples iniciativas en materia de transporte. La implementación del pasaje unificado, que empezará a partir de diciembre; el plan RD se mueve, que impulsa el Intrant; y los proyectos de infraestructura de movilidad que se desarrollan a lo largo del país, son algunas de las acciones que pueden servir de termómetro del horizonte que persigue la actual administración.
Bajo ese marco, es oportuno revisar cómo garantizamos la movilidad a la población con algún grado de discapacidad. Esto, a propósito de las declaraciones dadas por Jhael Isa en abril pasado, cuando indicó que era necesario reflexionar, evaluar dónde estábamos y hacia dónde íbamos, así como comprender que es fundamental el cambio en la movilidad, integrando a la ciudadanía. Desde ese punto de vista, todos los grupos sociales deben ser involucrados de forma activa en las políticas que se diseñen y se adopten.
En ese sentido, el país tiene una deuda histórica con la movilización de las personas con discapacidad, en lo relativo al costo de desplazamiento. Lo pertinente es que quienes viven con alguna condición físico-motora, sensorial o cognitiva accedan a un subsidio de transporte que les faciliten el traslado a programas de rehabilitación, centros educativos e incluso laborales.
De acuerdo con datos de la OPRET, si se toma la hora pico de las 7:00 de la mañana, por las líneas 1 y 2 del metro circulan más de 21,000 pasajeros. Ahora, hagamos este ejercicio, si el 12.3% de los dominicanos tiene algún grado de discapacidad, lo más lógico sería que el 12.3% de los más de 21,000 pasajeros que circulan a las siete de la mañana tenga discapacidad.
Tomemos solo la variable demográfica. Sin tener un registro estadístico riguroso, me atrevo a decir que, a esa hora, ni siquiera el cinco por ciento de los pasajeros tiene discapacidad; y estoy siendo conservadora.
La razón es sencilla, de forma empírica y en referencias de estudios, hemos constatado que una cantidad importante de la población con discapacidad ni estudia ni trabaja debido a lo costoso de movilizarse.
Pero, si se toma la población con discapacidad que sí tiene empleo, esta destina hasta el 40 por ciento de sus ingresos a su movilización, lo que hace que emplearse resulte casi tan costoso como no trabajar. En los proyectos de Fundación Francina es indispensable tener una partida presupuestaria destinada a transporte de los participantes, porque, aunque promovemos la autonomía, siempre hay padres o estudiantes que nos señalan que no tienen 100 o 200 pesos para dirigirse de sus hogares a la institución; esto es si contamos solo a los que viven en el Gran Santo Domingo. El interior del país es otra historia.
La parte más preocupante de todo esto es que se trata de una barrera social que identificamos hace unos 10 años. Y desde entonces hemos intentado hacer acercamientos con la OPRET para impulsar alguna solución sostenible. Desde Diandino Peña hasta Rafael Antonio Santos Pérez, nos hemos comunicado con cada una de las personas que han pasado por esa institución, sin que hubiera un resultado tangible.
Y podría decirse que, por qué razón habría que subsidiar el transporte de las personas con discapacidad. La respuesta es muy básica, seis de cada 10 personas con alguna condición física, sensorial o cognitiva carece de una fuente de ingresos, lo que las coloca en situación de alta vulnerabilidad. A la vez, una familia en la que hay un miembro con discapacidad tiene tres veces más gastos diarios que una en la que no vive nadie con discapacidad, lo que plantea una barrera importante para salir de la pobreza.
Entonces, considerando que el nuevo director de OPRET ha hecho referencia a cómo las iniciativas de movilidad adoptadas por el país en los últimos cinco años están sirviendo de referencia para otros países, considero que puede ser un aliado en esta política. Bastaría con ver modelos como el de Argentina, el Estado de México y algunas ciudades de Brasil para entender la viabilidad de esta iniciativa y el impacto que tendría en la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.
Tengo mucha curiosidad respecto a si finalmente daremos el paso a la ruptura de nuevas barreras de acceso o tampoco esta será la ocasión. En lo que el hacha va y viene, deseo que nuestro sistema de transporte público evolucione definitivamente a un mayor nivel de desarrollo y capacidad de responder a las demandas de la ciudadanía.
