El sistema judicial de un país es esencial para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, dicho sistema judicial debe ser un contrapeso indispensable de los demás poderes del Estado, que asegura que las leyes del Poder Legislativo y los actos del Poder Ejecutivo respeten los derechos humanos y el estado de Derecho.
Dentro del sistema judicial, los jueces, abogados y fiscales deben tener la libertad para desempeñar sus deberes profesionales sin interferencia, y deben estar protegidos, en el derecho y en la práctica, de todo ataque, acoso y persecución en el desempeño de su actividad profesional en la defensa de los derechos humanos; deben, por su parte, ser responsables ante la población y deben mantener el mayor nivel de integridad en virtud del derecho nacional e internacional y de las normas éticas.
La existencia de tribunales independientes e imparciales constituye el núcleo de un sistema judicial garante de derechos en plena conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, es por ello, que la Constitución, las leyes y las políticas públicas de un país deben asegurar que dicho sistema judicial sea verdaderamente independiente de los demás poderes.
En la Conferencia mundial de derechos humanos de 1993 se declaró que: La administración de justicia, en particular los organismos encargados de hacer cumplir la ley y del enjuiciamiento, así como un poder judicial y una abogacía independientes, en plena conformidad con las normas contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, son de importancia decisiva para la cabal realización de los derechos humanos sin discriminación alguna y resultan indispensables en los procesos de democratización y desarrollo sostenible.
Si los jueces no pueden evaluar los hechos y aplicar la ley, tanto nacional como internacional, de la cual el Estado sea compromisario, el sistema judicial se vuelve arbitrario. Si la integridad física de los fiscales no es protegida cuando sus vidas corran peligro a causa de su trabajo, se verá afectado su deber de instruir imparcialmente un proceso. Si los abogados no pueden comunicarse libremente con sus clientes, se viola el derecho de defensa y el principio de igualdad procesal, que exige que ambas partes de un proceso sean tratadas de igual manera.
Para que un juicio sea justo, el juez o tribunal de la casusa debe ser independiente. El comité de derechos humanos, en el caso Miguel Gonzales del Río contra Perú adoptó en repetidas ocasiones la opinión de que el derecho a un tribunal independiente e imparcial es “un derecho absoluto que no admite excepciones”; y cuando nos referimos a independencia, es tanto a un juez individual como al poder judicial en conjunto, en el caso dominicano, a todo el sistema judicial.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Ringeisen contra Australia, sentencia dictada el 16 de julio de 1971, declaró que “un tribunal debe ser independiente tanto del Poder Ejecutivo como de las partes del proceso”. A pesar de que la independencia constituye una garantía importante, puede llegar a actuar como escudo detrás del cual los jueces, fiscales y abogados tengan la oportunidad de ocultar posibles conductas poco éticas que vayan en detrimento del estado de Derecho, es de vital importancia que dicha conducta se rija por un conjunto de valores y principios que determinan el comportamiento judicial como son: la independencia, imparcialidad, integridad, la diligencia, la igualdad, pero sobre todo, la competencia.
En República Dominicana es imperante la necesidad de generar una independencia en las actuaciones jurídico-judiciales y que la lealtad a la Constitución y sus principios como instrumentos para la vida en sociedad sea el norte como patria.
