La justicia dominicana en 2017 presenta señales contradictorias, de una parte, inició precedida de fuertes escándalos del año anterior y del propio 2017, de otra parte, hubo señales realmente interesantes sobre la postura de varias asociaciones de jueces que buscan una identidad propia al margen del discurso oficial de la justicia. Estas causales puede decirse que caracterizan el desempeño de la administración de justicia en el recién finalizado año. Sin embargo, las mismas no son más que escaramuzas que ocultan el problema de fondo de la administración de justicia en el recién finalizado año, pues a decir verdad, el real problema de la justica fue, en el año que nos ocupa, el desenfado con que se continuó irrespetando el principio de inamovilidad de los jueces.
El origen de este problema de fondo ha de ser ubicado en las decisiones del Consejo del Poder Judicial, órgano que se ha convertido en el Caballo de Troya de la justicia dominicana, pues atenta contra la imparcialidad y la independencia de los jueces incluso de la Suprema Corte de Justica, y convierte al presidente de la SCJ en un dictador aun frente a sus pares, creando la percepción de que un partido dirige la justicia.
Un buen ejemplo de ello son los escándalos que se sucedieron, la nación pudo observar cómo en cada asunto de importancia, principalmente en materia de corrupción administrativa, los jueces sintieron presión que fue hecha pública, incluso, una juez caracterizada por defender su honor y su dignidad frente a Balaguer, en su tiempo de poder, dio pasos contradictorios con su trayectoria, lo cual es expresivo del malestar reinante. Pero esta no es más que la punta del iceberg, al interior, se observa cómo, por ejemplo, las decisiones del Tribunal Constitucional no son acatadas por los jueces en razón de que enfrentan al Estado o a una de sus instituciones y el temor es evidente, pues solo él puede explicar el por qué los jueces se abstienen de hacer ejecutorias sentencias que son definitivas por emanar del más alto tribunal del país. El asunto es peligroso pues de continuarse por esta vía, nadie respetará en el país una decisión de amparo ni ninguna decisión del TC ni de ningún otro tribunal.
Por otra parte, la Comisión de Seguimiento a la Administración de Justicia fue cerrada con una serie de recomendaciones que no se sabe quién o quiénes habrán de darle seguimiento y, si realmente, se les ha dado seguimiento. Hecho muy grave pues al parecer, las consultas sobre los problemas de la justicia fueron una real tomadura de pelo.
El signo alentador es la postura de los jueces que por medio de asociaciones de jueces buscan con la lámpara de Aladino, una identidad propia que les permita ejercer cierta independencia y cierta imparcialidad, apoyándose en la sociedad y en los abogados. Esta búsqueda de identidad con y para la sociedad constituye el punto luminoso de la justicia en 2017 y ojalá continúe ensanchándose en el cursante año de 2018, pues por esa vía, podría llegarse al punto de que la idea malsana que algunos han propalado sobre el populismo penal, se convierta en la vía de solución de los problemas de la justicia porque queda claro que el Consejo del Poder Judicial, no solo es que es un órgano antidemocrático distorsionador de la función de juez sino que se ha convertido en la mayor traba para los jueces. La atmósfera al interior de la justicia es carente de oxígeno debido a que ese órgano se ha convertido en el brazo inquisidor del presidente de la SCJ.
Para salir del mismo, se requiere una reforma constitucional, o bien, que la propia SCJ empiece a declarar su obsolescencia dejando a las salas de la SCJ que inspeccionen o cuando menos que hagan sugerencias orgánicas sobre el desempeño de sus pares y de los jueces de instancias inferiores. Esta decisión junto a consultas abiertas y cerradas a las asociaciones de jueces puede que señalen el camino hacia una mejor administración de justicia junto al cese de la frenética carrera por lograr un ascenso como mecanismo para obtener mejores condiciones de vida y de trabajo. DLH-6-1-2018.
