Prestamos nuestra columna al catedrático Emilio Aquino Jiménez, con un pequeño texto académico para motivar discusiones en el aula.

La ley es dura, pero es la ley. Es la sentencia a la que acude el legislador, político, juez o cualquier otro ciudadano al momento de poner en ejecución una disposición legal, aunque la misma fuera catalogada de arbitraria, desproporcional o injusta. En la aplicación de la norma había que acudir al sentido de la palabra de la ley, al legislador histórico o a la aplicar exegéticamente de lo que decía. Esta concepción del derecho llegó al extremo de establecer que la ley no debe interpretarse, solo se aplicaba.

No es de extrañar que en la actualidad algunos aplicadores de la Ley, aun consideren que cuando un supuesto de hecho se adecua a una disposición jurídica contenida en cualquier texto legal o código, automáticamente debe proceder a su aplicación. Sin embargo, la evolución que ha tenido la sociedad y por ende el derecho debe ser tomada en cuenta al momento de la aplicación cualquier disposición legal.

Existen concepciones actuales del derecho, muy bien fundamentadas que permiten solucionar un conflicto legal, sin la aplicación exegética de la Ley. Pues la Ley a pesar de estar vigente en el momento y espacio donde ocurre el hecho jurídico, puede convertirse en un obstáculo para los fines de la justicia.

Sí, en ocasiones la ley que resuelve el conflicto, es injusta. Pues la legalidad, no implica por antonomasia justicia. De ahí, que aun teniendo la disposición jurídica que resuelve legalmente el caso, sería mucho más justo para la sociedad y los implicados, la no aplicación de la misma, con la finalidad de beneficiar a la justicia, por encima de la legalidad. Parecería extraño que el incumplimiento de una ley, beneficie a la justicia, pero así es en la realidad.

Basta con analizar leyes que permitieron violentar los derechos humanos más elementales, y que sirvieron de sustento a muchas atrocidades en contra de la humanidad. La esclavitud en algún momento de la evolución social era legal, dado que muchas leyes contemplaban el derecho a esclavizar seres humanos. También leyes como las que crearon los campos de concentración eran legales. Así muchas leyes que habría que determinar su justeza, no su legalidad.

Es el avance y desarrollo de los derechos fundamentales, contenidos en el derecho constitucional que ha surgido como meta-norma para lograr erradicar de cualquier ordenamiento jurídico las normas legales, que aunque vigentes no se ajusta a los principios constitucionales de justicia y utilidad. Por tanto, cualquier norma que no cumpla con dichos requisitos constitucionales puede ser irradiada del ordenamiento jurídico, por contravenir principios constitucionales de justicia.

Es el sentido constitucional de la ley que debe prevalecer al momento de su aplicación. Los legalistas rechazan el derecho constitucional, precisamente, porque la aplicación de los principios constitucionales elimina toda dureza a la ley. La Ley ya no es tan dura, cuando de justicia se trata.

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