Uno de los relatos de las pasadas elecciones de 2020, pero que arrancó una vez concluidas las votaciones de 2016, fue que Danilo Medina y sus leales del PLD, querían instalar una dictadura en el país. Según esas versiones sería a través del control de las instituciones públicas, especialmente el Congreso y tribunales.

Otro mecanismo sería ahogar económicamente desde el Estado a quienes les fueran críticos, incluidos periodistas.

Ese relato fue enarbolado en medios de comunicación y redes sociales, con plena libertad de expresión, pero sus promotores recibieron ataques a través de las mismas plataformas que hacían sus denuncias y críticas.

El relato del presidente con características autoritarias ha vuelto a entrar en escena para las elecciones de 2024. Lo trajo la aprobación de la Ley 1-24 que crea la DNI. La legislación fue aprobada con la participación cómplice de la oposición, que no hizo su tarea. Pero el responsable mayoritario de lo que ocurrió es el PRM.

De hecho, el Poder Ejecutivo promulgó la ley a pesar de las advertencias de distintos sectores, especialmente de los medios de comunicación, de que violaría derechos fundamentales como la privacidad y el derecho del periodista a no revelar la fuente, protegido en la Constitución de la República.

Un comunicado del vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, cuando el gobierno se sintió acorralado por la contundencia de la realidad contra la Ley 1-24, entre otras cosas, informaba que “nos comprometemos a acatar cualquier decisión del Tribunal Constitucional frente a recursos presentados”.
Otra declaración desafortunada del gobierno fue este fin de semana, expresó su repudio al apresamiento irracional por parte de la Policía de un médico que protestaba y “la orden del presidente de su puesta en libertad inmediata”.

Antes, se sabe que desde el gobierno se producen llamadas a medios de comunicación para pedir retirar informaciones o para quejarse por notas que no son de su agrado.

También, el presidente de la República ya dijo que puede seguir inaugurando, y a la JCE se le complica decirle que no.

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