La protección de menores de edad por el Estado

Nuestro Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescente (Ley 136-03) y el Artículo 56 de la Constitución que prevé la Protección de las personas menores de edad, como sigue: “La familia, la sociedad y el Estado, harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente; tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, conforme a esta Constitución y las leyes”.

Corresponde al Estado y a la administración de justicia en general que las decisiones a adoptarse respecto de la protección de menores tengan como sustento el interés superior del niño, independientemente de otros intereses, incluyendo el de los padres; el Principio del Interés Superior del Niño debe indiscutiblemente ser la guía en la toma de cualquier decisión pública o privada, más aún en sede judicial; sin embargo, su sola enunciación no constituye razón ni justificación suficiente de la decisión; sino que, por el contrario, debe ser la consecuencia lógica de la valoración de todo el caudal probatorio aportado al proceso, a partir del cual el Juzgador utilizando su apreciación razonada determinará lo mejor para el niño.

El Tribunal Constitucional ha sido reiterativo y, en la Sentencia TC/0675/18 ha considerado que: “Esta sede constitucional se ha pronunciado sobre la protección de las personas menores de edad en su Sentencia TC/0760/17, mediante la cual definió al «menor de edad» como toda persona que, por encontrarse en una etapa de formación, no cuenta con la edad, grado de madurez y capacidad de discernimiento suficientes para poder ejecutar los actos propios de una persona con plena capacidad jurídica y aptitud para procurar en justicia la satisfacción efectiva de sus derechos. Asimismo, este fallo expresó que, a raíz de dicha vulnerabilidad, el constituyente ha previsto una protección reforzada a su favor, con el fin de velar por la protección de sus derechos fundamentales frente a las vulneraciones que puedan suscitarse en la vida en sociedad”.

En muchas ocasiones vemos como aplicando el interés superior del niño se aplica el principio de solidaridad familiar, el cual, siempre se ha visto y justificado podríamos afirmar, respeto a la protección de los menos de edad, sin embargo, se requiere cambios en las políticas públicas actuales en función de las necesidades y capacidades de aquellos adultos que por principio de solidaridad familiar se hacen responsables de menores de edad sin que las autoridades correspondiente sean parte del proceso, ya que, el principio de solidaridad familiar desarrollado en el artículo 55 de la Constitución dominicana es además inherente a la procreación y consecuencia de la filiación. De manera que es, como afirmo el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia TC/0310/18, relativa al control preventivo de constitucionalidad del “Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros miembros de la Familia”: “deber inexcusable el de cumplir esta obligación que requiere un tratamiento eminentemente protector, con carácter imperativo y de orden público”.

El principio del interés superior del niño pone acertadamente el acento en su realidad como sujeto digno de atención, promoción, provisión y protección, por lo cual, la acción pública siempre debe de procurar que este criterio sea aplicado en todas aquellas situaciones o conflictos donde se hallen involucrados menores de edad.