La sostenibilidad del sistema penitenciario

El título de este artículo perfectamente podría ser la (in)sostenibilidad del sistema penitenciario, en muchas ocasiones hemos abordado algunas de las causas de la sobrepoblación penitenciaria en República Dominicana, los efectos del abuso de la prisión preventiva, el mito que representa el mandato constitucional de que las penas están orientadas a la reeducación y reinserción social, el estado de cosas inconstitucionales alrededor de nuestros recintos penitenciarios y un largo etcétera, pero ahora toca hacerlo desde la óptica de la sostenibilidad.

A raíz de que vuelve a ser tema de interés el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, varias veces inaugurado y nunca puesto en funcionamiento, escuché un comentario que con algunas luces preguntaba ¿realmente debemos alegrarnos por la inauguración de una prisión? La respuesta simple es decir que sí, porque lo necesitamos, pues la sobrepoblación carcelaria es de más de 157%, con más de la mitad de esa población carcelaria en hacinamiento, pero la ecuación no puede ser tan sencilla y aunque se pongan en funcionamiento 50 centros más el sistema seguiría en grave crisis.

Demos por hecho que con el Código Penal que entrará en vigencia en agosto de 2026 con un aumento, casi duplicado, de las penas de prisión y con la incorporación de múltiples tipos penales novedosos, la cantidad de personas privadas de la libertad debe aumentar considerablemente y el tiempo de su prisión también, por lo que esos 50 centros que, fantasiosamente agregamos, en poco tiempo serían nuevamente insuficientes.

A esto debemos sumarle la nueva contrarreforma procesal penal que se “debate” en el Congreso, que lo menos que hace es aumentar el plazo de la prisión preventiva, como muestra de que no estamos prestando atención y que el hecho de que más del 60% de los privados de libertad estén bajo medidas de coerción parece no preocupar a quienes crean y modifican nuestras leyes.

En nuestro país brilla con luz propia la ausencia de una política criminal consciente, el Estado nunca ha tenido un norte claro respecto a la prevención y lucha contra la criminalidad, pasamos de parche en parche y usualmente son parches legislativos cuyo efecto es ceremonial sin reales políticas públicas que enfrenten los problemas sociales. La ausencia de política criminal se hace ahora más pintoresca porque con el Ministerio de Justicia y el nuevo Ministerio Público Independiente se “divide” la política criminal entre estos entes, ya sabemos la regla matemática de que cualquier número dividido por cero no tiene un resultado válido, error 404 será el resultado de la política criminal dominicana.

Quizás por motivos distintos a los que me moverían a mi, muchas personas se cuestionan ¿cuánto le cuesta un privado de libertad al Estado dominicano? Un informe de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales del año 2023 daba cuenta de un costo diario por persona de RD$150.00, muy lejos de los 55 euros de Portugal, los 78 euros de España, los 21 dólares de Colombia, los más de 70 dólares en Estados Unidos, parecería que hemos encontrado una fórmula mágica, sin embargo sabemos a costa de qué derechos se gasta tan poco.

Hace tiempo que el sistema penitenciario se encuentra colapsado, no se ha pensado en la aplicación de medidas alternativas, no existen programas reales de reinserción, formación y capacitación, ¿cuál es el plan de expansión penitenciaria? Si es que existe un plan, la improvisación reina en un sistema que sigue buscando aislar al individuo o “incapacitarlo” cuando su obligación constitucional es rehabilitar, así las cosas el norte de nuestro sistema es completamente aterrador.