No hay sector que sea fuente de mayores críticas que el sistema de justicia penal, cuando de buscar un culpable de la inseguridad ciudadana se trata.
Los administradores de los distintos sectores que conforman este sistema de justicia (policías, fiscales y jueces) son blancos de todo tipo de ataques feroces, cada vez que un hecho delictivo trasciende a la opinión pública.
Ellos, que no son responsables ni del diseño ni de la ejecución de la política social –camino más idóneo para erradicar las causas que llevan a delinquir- terminan, injustamente, responsabilizados de su existencia.
Un ejemplo del ámbito de la salud pública permite comprender bien esto. Si, ante un peligro de contagio de determinada enfermedad, las autoridades del gobierno no llevan a cabo las campañas de vacunación -con el propósito de prevenir una epidemia o una pandemia- no pueden luego responsabilizar a los médicos y enfermeras de los hospitales por la muerte de aquellos que, por falta de vacuna, se contagian, enferman o mueren.
De la misma manera ocurre con la seguridad pública. Los políticos, verdaderos responsables del diseño de la política social del Estado, terminan siendo exonerados o justificados por la supuesta ineficiencia de quienes tienen como principal deber el de intervenir cuando el delito ya se ha cometido. Es decir combatirlo, más no evitarlo.
Para lograr alcanzar el nivel de seguridad deseado no basta que se concentren esfuerzos exclusivamente en remedios punitivos (post delito). Resulta imprescindible, más que todo, el despliegue de una serie de medidas de políticas públicas tendentes a la prevención del delito mediante programas de prevención seriamente diseñados que deberían abarcar desde la promoción y desarrollo de proyectos para mejorar la salud y la educación, el despliegue de estrategias de comunicación para informar a las víctimas (reales o potenciales) acerca de situaciones propicias o favorables al delito; hasta el diseño de espacios públicos apropiados y seguros, entre otras muchas medidas.
No es que la sanción del delito ya cometido no sea importante. Sabemos que, después de todo, la pena como respuesta social al delito cometido tiene un propósito disuasivo. Pero, una política seria de seguridad ciudadana, debería concentrarse más en evitar que en sancionar recordando el viejo adagio de que “es mejor prevenir que remediar”. Sólo así dejará el sistema de justicia penal de pagar, por este asunto, los platos rotos.
