En las últimas semanas se ha discutido un posible fideicomiso para la Central de Punta Catalina, que ha sido interpretado por algunos como un vehículo para privatizar la unidad generadora, pasando al sector privado la propiedad y el usufructo de la misma. Esta interpretación resulta irónica, pues lo que se busca es todo lo contrario. El objetivo del fideicomiso consiste en mantener la propiedad pública de la central generadora, permitiendo su administración por terceros en beneficio del Estado dominicano. Es decir, se busca garantizar la mejor administración de un bien que seguirá siendo público. Siendo así, es una respuesta a la desastrosa experiencia con los importantes activos pertenecientes a la familia Trujillo que pasaron al Estado, luego de liquidado ese régimen, hace más de cincuenta años. Las prósperas empresas industriales y comerciales de los Trujillo pronto se convirtieron en entelequias, lo que no las libró de que continuaran siendo ordeñadas, para beneficios de unos pocos. La experiencia con los bienes de los Trujillo nos hace recordar las palabras de Aristóteles, quien aseguró que los bienes públicos que son de todos, en realidad, no son de nadie. Por lo que a nadie les duele. En fin, el fideicomiso busca evitar esa situación, manteniendo la propiedad pública, al mismo tiempo que regula o norma su administración, que podría estar en manos del sector privado, para hacerla eficiente y transparente.
Otro asunto que está siendo debatido es el que se refiere a la “extinción de dominio”. Si pensamos en términos de nuestro sentido común, nos parecería que el control o dominio sobre algo concluirá. Lo interesante es que dicha normativa aplica a bienes obtenidos de manera ilícita. En otras palabras, el Estado dominicano puede propiciar a través de la vía judicial la captura de bienes o flujos de ingresos que son o fueron frutos de actividades ilegales. La ilegalidad en el origen ilegitima la posesión presente o futura. Esta es una normativa legal que tiene un impacto social muy significativo en el mediano o largo plazo.
Imaginemos que por la corrupción de las instituciones políticas, un grupo significativo de personas logren de manera ilícita acumular una considerable riqueza. Como resultado, su influencia social podría resultar significativa, lo que conllevaría al cuestionamiento de los valores, de las normas de conducta, que son los pilares de la convivencia civilizada.
Las iniciativas del fideicomiso, que busca mantener la propiedad pública de bienes, al mismo tiempo que permite una administración más eficiente y transparente, y de la “extinción de dominio”, que le permite al estado apropiarse por la vía judicial de bienes y flujos monetarios de origen ilícito, son medidas necesarias para mantener la robustez de nuestras instituciones democráticas.
