La República de Colombia tiene características excepcionales, que lo hacen un lugar único en Latinoamérica: por su extensión y ubicación geográfica comparte fronteras terrestre y marítima con varios países; su amplia biodiversidad, en estado crítico en algunos casos, le permite tener una gran cantidad y variedad de recursos estratégicos disponibles, y lograr una de las matrices de generación eléctrica más limpias del mundo y perfilarse como la cuarta economía de la región, aunque con mucha desigualdad socioeconómica; y en el caso que nos ocupa, la permanencia de un conflicto armado interno de matices políticos, con un impacto directo en la seguridad pública por la violencia que genera.
Este fenómeno se remonta a las rivalidades por la forma de gobierno de los partidos Liberal y Conservador, los más antiguos del sistema, cuyas diferencias ideológicas los enfrentaron con las guerrillas de extrema izquierda y las organizaciones paramilitares de ultraderecha, a las que con el tiempo se fueron sumando otros sectores insurgentes y organizaciones criminales, entre 1920 y 1960.
El citado periodo es llamado por historiadores como La Violencia, porque marcó un precedente en cuanto al comportamiento de la violencia letal, caracterizada en ese entonces por los asesinatos, agresiones, persecuciones y actos terroristas. Esta cruenta lucha sociopolítica se radicalizó a partir del 9 de abril de 1948, con el magnicidio del influyente líder del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán, que dio inicio a una jornada de revueltas sociales que aunque se extendió al interior del país fue conocida como Bogotazo, pues en la capitalina ciudad se registró este lamentable hecho y fue el epicentro de los disturbios.
Es a partir de la década de 1960 cuando Colombia tuvo cambios trascendentes que marcaron la ruta de lo que sería el devenir de lo que conocemos de su historia contemporánea. El derrocamiento del Gobierno militar dio paso al retorno de la democracia, pero también definió el inicio del conflicto armado interno tal como lo conocemos, con el surgimiento de los grupos guerrilleros que redefinió el panorama y la agenda de temas de interés nacional, lo que radicalizó la violencia, impuso un statu quo y polarizó la sociedad.
Su origen está relacionado con el asentamiento de grupos liberales y campesinos de ideología izquierdista que históricamente luchan por la distribución de tierras productivas, sobre todo de vocación agrícola, que se organizaron hasta tomar el control de comunidades del interior de este vasto territorio.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue una de las primeras organizaciones de este tipo, fundada en 1964 por quien fue su máximo líder, Manuel Marulanda (a) Tirofijo, quien la dirigió hasta su deceso en 2008 no como una figura monolítica, sino con una estructura que le permitió un equilibrio de poder bajo el control del Secretariado del Estado Mayor.
Su grado de letalidad determinó que Colombia, Estados Unidos, la Unión Europea, entre otros países la calificaran como terrorista, hasta el histórico acuerdo de paz y desmovilización de 2016, aunque permanecen células activas que decidieron no acogerse a ese proceso, que continúan manchando de sangre y llenan de luto ese país, con sus acciones subversivas.
Entre los grupos paramilitares más reconocidos, se citan: Movimiento 19 de Abril (M-19), del que fue parte el actual presidente colombiano, Gustavo Petro, y el Ejército Popular de Liberación (EPL), desmovilizados en la década de los 90´s; el Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerado terrorista y el cual permanece activo, por las interrupciones de los procesos de diálogo que conduzcan a su desmovilización.
No debemos soslayar por igual, por su relevancia en esta guerra asimétrica, la incidencia de las autodefensas, que definen un panorama criminal complejo, en el que se conjugan su origen fundacional de dar respaldo en materia de seguridad a hacendados y empresarios en comunidades rurales, hasta su evolución como organizaciones narcoparamilitares de prontuario diverso y letal. Como ejemplo citamos el caso de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), popularmente conocidas también como Gaitanistas, Urabeños y Clan del Golfo, con presencia nacional y ramificaciones internacionales.
Las fuentes de financiamiento de estas organizaciones criminales son la extorsión; el secuestro; el narcotráfico, ya sea por el apoyo en materia de seguridad que le dan a este sector del crimen organizado o por el cultivo y procesamiento de la hoja de coca; y el extractivismo ilegal de esmeraldas, oro, carbón y níquel; así como la extracción y refinado ilícito de combustible.
Estos grupos criminales se distribuyeron el territorio colombiano para desplegar su prontuario de violencia, una práctica que repuntó en la época de la bonanza marimbera (producción de la hoja de marihuana entre 1960 y 1980) y del boom de la cocaína (entre finales de los 70 e inicios de los 90, con las operaciones de los principales cárteles de la droga).
Todo este conflicto ha forzado desplazamientos, además de provocar cientos de miles de muertes y lesionados. En Colombia siguen siendo un problema de seguridad las minas antipersonales y las explosiones con coches bombas han reavivado el recuerdo del terror impuesto en los 90.
La violencia puede ir escalando, en el marco de un escenario en el que se relacionan una campaña política a destiempo, la falta de liderazgo del actual mandatario, el cúmulo de insatisfacción ciudadana por los problemas no resueltos y la falta de estrategias para continuar neutralizando el accionar de estas organizaciones criminales.