Parámetros para responsabilidad personas jurídicas

La finalidad de la responsabilidad penal de la persona jurídica es que sea la propia empresa la que asuma el desvalor económico de su conducta y que no deba ser subvencionado por el Estado o los particulares.
Y es que el profesor Flavio Darío Espinal, en un artículo reciente, titulado “Responsabilidad penal de las empresas: una nota de cautela”, nos habla sobre la modernización normativa que se crea con la Ley 74-25, y realiza algunas cuestionantes a las cuales tenemos la obligación académica de dar respuestas.

A la importante y profunda pregunta de ¿cuáles parámetros utilizarán los jueces para determinar que una empresa acusada cumplió o no con su obligación de contar con programas de prevención y cumplimiento efectivos, así como con su deber de control y fiscalización? Debemos responder con las guías y la experiencia que la práctica irá brindando a nuestros jueces.

Lo genérico de la formulación legal dada a los programas de cumplimiento como herramienta de prevención y respuesta ante ilícitos penales busca no encorsetar el compliance, conocedores de las múltiples formas que pueden tener las empresas, como bien señala el profesor Flavio Darío Espinal, no sólo por tamaño, sino además por el área, su interacción con clientes y la protección de datos, por su impacto medioambiental, por su interacción o no con otros países y un largo etcétera.

Así como para materias tan importante como la anticorrupción y la ética empresarial existen estándares internacionales, sistemas como las “Normas ISO”, entre otros tantos, que sirven para certificar y avalar a entes públicos y privados en la República Dominicana respecto a estas prácticas, también a nivel internacional contamos con estándares para la evaluación de un sistema de cumplimiento penal.

En España, que cuenta con un sistema que, al igual que la República Dominicana cuando entre en vigencia la Ley núm. 74-25, permite atenuar o eximir de responsabilidad penal a las empresas, existe la UNE 19601 (constantemente revisada 2015, 2017, 2025), norma que funciona como estándar de buenas prácticas para prevenir delitos, reducir el riesgo y fomentar una cultura empresarial ética y de cumplimiento con la Ley.

Estos mecanismos, ex ante y ex post delito, permitirían no sólo al juez sino a cualquier consultor o analista tener una idea de lo que se requiere para prevenir la comisión de actos delictivos que puedan comprometer a la empresa, analizar si la empresa ha promovido la prevención de conductas delictivas, verificar la existencia o no de medidas de vigilancia y control y su idoneidad atendiendo a los riesgos de cada empresa, entre otros aspectos fundamentales.

El hecho de que una empresa esté certificada ante uno de estos estándares no significa, de forma automática, que la empresa estará eximida de responsabilidad penal, pero constituye una prueba sólida de la voluntad de quienes dirigen la empresa de acatar la ley, de actuar con transparencia y, en definitiva, de conducir la organización conforme el mandato legislativo.

La introducción de la responsabilidad penal de la empresa en República Dominicana, como ha sucedido en todas partes del mundo, generará debate, pues significa una ruptura con el derecho penal clásico y la forma en la que siempre se ha visto esta rama del derecho, sólo agregar que en el debate debe tenerse especial atención a la gran oportunidad que ofrecen los programas de cumplimiento no sólo como mecanismo para evitar consecuencias penales para la empresa, sino además como un aliciente para una cultura ética empresarial, en una sociedad como la nuestra, tan necesitada de solidez ética.