Por Wendy Sonaya Martínez Mejía
Como participante en el reciente proceso de selección de jueces y juezas de la Suprema Corte de Justicia, comparto algunas reflexiones sobre su desarrollo y sus resultados. Lo hago desde el reconocimiento de los avances alcanzados y con el interés de contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad judicial dominicana.
Entre los aspectos positivos, destaco la elección de un presidente proveniente de la carrera judicial y la evolución de las entrevistas, con preguntas más acordes con el perfil, las competencias y las responsabilidades de quienes aspiran a integrar una alta corte. Asimismo, la participación de la opinión pública en el seguimiento y la valoración de las candidaturas contribuyó a fortalecer la transparencia y el escrutinio ciudadano. Agradezco a quienes valoraron positivamente mi postulación y me acompañaron durante este proceso.
Estos avances, sin embargo, coexisten con aspectos que merecen una reflexión crítica. El primero es la tendencia a reducir el mérito de la carrera judicial a un criterio predominantemente cronológico, asociado a la antigüedad o los años de servicio. Esta visión deja en segundo plano otros elementos esenciales: la calidad del desempeño, la independencia de criterio, la integridad, la formación académica, la producción intelectual, la capacidad argumentativa y los aportes al desarrollo de la justicia.
El segundo es la persistencia de una representación femenina inferior al treinta por ciento en la composición de la Suprema Corte de Justicia. Esta realidad evidencia las limitaciones de los avances institucionales en materia de igualdad y pone de manifiesto una deuda histórica con las mujeres del Poder Judicial. Pese a su preparación, trayectoria y contribución sostenida a la administración de justicia, continúan enfrentando obstáculos para acceder, en condiciones de igualdad, a los más altos espacios de decisión jurisdiccional.
El mérito debe valorarse sin sesgos. La igualdad de oportunidades exige superar las barreras que históricamente han limitado el reconocimiento del liderazgo judicial femenino. La legitimidad de una alta corte descansa en la excelencia jurídica de sus integrantes, en la transparencia de su elección y en la pluralidad de sus experiencias. También se fortalece con su capacidad para reflejar, desde la igualdad y el mérito, la diversidad de la sociedad a la que sirve.
Existe, además, una dimensión humana de estos procesos que rara vez ocupa un lugar en el debate público: sus efectos sobre la autoestima, la dignidad profesional y el sentido de pertenencia institucional de quienes han dedicado buena parte de sus vidas a la administración de justicia.
La judicatura constituye un colectivo profesional relativamente cerrado, regido por exigentes deberes de reserva, prudencia, independencia y comportamiento ético. Sus integrantes construyen su identidad profesional alrededor del servicio público, el conocimiento jurídico y el reconocimiento de sus pares. Comparecer ante un órgano de selección en una entrevista pública supone exponerse a un escrutinio intenso. Cuando los criterios que vinculan los méritos acreditados con la decisión final no resultan suficientemente claros, esa exposición puede convertirse en una experiencia de profunda vulnerabilidad emocional.
El juez o la jueza puede sentir que está «caminando sobre cáscaras de huevo»: mide cada palabra, cada gesto y cada reflexión ante la incertidumbre sobre los criterios con los cuales será evaluado. Esa cautela no implica necesariamente falta de conocimientos o de seguridad profesional; puede responder al temor de que una expresión espontánea sea interpretada fuera de contexto o perjudique sus posibilidades de selección.
Cuando la trayectoria, las evaluaciones de desempeño, la experiencia jurisdiccional y la formación académica parecen perder relevancia frente a criterios insuficientemente explicados, el proceso corre el riesgo de transmitir un mensaje desalentador: que décadas de trabajo y compromiso pueden resultar insuficientes por razones que el propio aspirante no alcanza a comprender.
Esta percepción puede generar frustración, desgaste emocional y pérdida de confianza institucional. También puede afectar la valoración que cada juez o jueza tiene de su propio trabajo. Más preocupante aún es que la incertidumbre reiterada termine favoreciendo la autocensura, el conformismo o la acumulación de títulos académicos sin una mejora equivalente en el desempeño. Tales respuestas poco contribuyen a la independencia de pensamiento y a la calidad de la justicia.
Una carrera judicial auténtica no puede convertirse en una sucesión de pruebas de aceptación personal ante el poder. La aspiración legítima de ascender debe ser compatible con la libertad intelectual, el pensamiento crítico y la dignidad profesional de quienes ejercen la función jurisdiccional.
La evaluación pública es necesaria y legítima. Precisamente por ello, debe sustentarse en criterios objetivos, transparentes y razonables, así como en decisiones suficientemente motivadas. Los aspirantes y la sociedad deben poder comprender por qué determinadas trayectorias y competencias responden mejor a las necesidades del sistema de justicia.
Se inicia un nuevo ciclo, con avances concretos y retos pendientes. Felicito a las magistradas y los magistrados seleccionados, y les deseo aciertos en el ejercicio de sus nuevas responsabilidades. Agradezco a la comunidad jurídica por su apoyo y al Consejo Nacional de la Magistratura por el trato cortés recibido durante el proceso. Confío en que estas reflexiones contribuyan a seguir construyendo una justicia que reconozca el mérito, amplíe las oportunidades y cuide la dignidad de quienes la sirven.
