Cada vez que se habla en los medios de la “estrecha colaboración entre el sector público y el sector privado”, el ciudadano común (o sea la mayoría de los habitantes de un país) debería ponerse a temblar.
Porque de lo que se trata casi siempre no es de la contribución de dos sectores para mejorar la nación, sino del compinche (para hacer negocios) entre un grupo de políticos y un grupo de empresarios, que probablemente se conocen de toda la vida. Y si no se conocían, pues que estuvieron muy dispuestos a convertirse en “amigos”.

Unos ponen el poder para legislar “a favor” y el dinero de los contribuyentes. Los otros, las ideas y los equipos. Combinación perfecta que garantiza el éxito de la “colaboración” y que saca del escenario al que no “le llega” a la amistad.

Esto se llama “capitalismo de amiguetes” y no es más que una competencia desleal hacia otros empresarios. Porque envuelve también que desde el poder, el político favorezca a su “socio”, librándolo de competir con otros a través de subvenciones y privilegios.

Todo esto en detrimento del pueblo.

El Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, reconoció que este tipo de “asociación colaboradora” fue responsable de la gran crisis asiática a finales de los 90. Y eso que es un economista que confía mucho en la intervención estatal.

En República Dominicana tenemos dos recientes casos que han hecho mucho ruido: sector público y privado “unidos” para dejarle a la comunidad una cárcel y una carretera. Ambos proyectos fueron aprobados, a un costo inconcebible, por el poder de turno.
Ambos fueron ejecutados en lo que de verdad costaron, y la enorme diferencia, parece que se la repartieron entre los unos y los otros.

Da igual si se confirma o no, da igual si se castigan o no los implicados. Porque al final, al contribuyente no le quedará más remedio que pagar de su bolsillo el vergonzoso desperdicio.
La única colaboración honesta que el sector público debería ofrecerle al privado (es decir, a todos los ciudadanos comunes) sería dejarlos trabajar en paz y bajarles los impuestos y las tantas otras cargas que los asfixian diariamente.

Cualquier otra “pretensión de ayudarlos”, en sociedad con otros, no es más que un pretexto sospechoso. Debería estar prohibida y no estarse vendiendo y aplaudiendo como la gran cosa.

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