Hace tiempo que se espera una reforma a la Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y pese a que esta fue una de las prioridades señaladas al inicio del periodo congresual del 2020, de que se integró una comisión bicameral para estudiarla y fue una de las propuestas de reformas llevadas por el Poder Ejecutivo a discusión en el Consejo Económico y Social a finales de 2021, sigue sin percibirse una voluntad política real para realizar la reforma requerida.

Sabemos que el seguro de vejez del régimen contributivo bajo el sistema de capitalización individual tiene el desafío de que según todas las proyecciones no podrá garantizar pensiones que alcancen el mínimo requerido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y de que aun en Chile país donde se originó y que tiene un nivel de regulación muy superior al nuestro, la precariedad de las pensiones motivó una de las peores crisis de su historia reciente que derivó en cambios políticos importantes, y obligó a una reforma previsional aprobada en enero de este año que entre aumenta la pensión mínima garantizada y los porcentajes de cotización para su financiamiento, y promueve la competencia y reducción de las comisiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones con licitaciones cada dos años del 10% de los afiliados a estas.

Dado que los efectos del Seguro Familiar de Salud que se ven en el corto plazo es el que más críticas ha generado, y aunque existe un debate sobre los aspectos que deben ser modificados, hay un punto que todos reconocen es imperativo ejecutar, la implementación de la atención primaria como puerta de acceso al Sistema, mandato legal que sigue sin cumplirse, sin que se perciba una intención real de enfrentar el desafío de hacerlo.

En vez de comprender que es fundamental afrontar con responsabilidad y racionalidad la reforma de la seguridad social, parece que las autoridades, pasadas como actuales, prefieren seguir postergándola para no enfrentar los intereses existentes, y por eso los ministros de Trabajo que ostentan también la presidencia del Consejo Nacional de Seguridad Social, órgano rector del Sistema de Seguridad Social han preferido irse por las ramas buscando aprobar una insulsa reforma al Código de Trabajo que no toca el aspecto principal en discusión, como si de lo que se tratara es de anotarse un tanto, en vez de entender que la reforma a la seguridad social está intrínsecamente ligada a la de las cargas laborales, pues así como la propuesta de limitar la cesantía en el tiempo y los montos, así como de las indemnizaciones por su impago para que no crezcan ad infinitum es una manera de reducir estas cargas, de incentivar el aumento de los salarios reales y de los empleos formales, es un hecho cierto que para mejorar las pensiones se necesitan mejores salarios, pero también mayores contribuciones, y eso solo se puede lograr tratándolo de forma integral, haciendo ver a los dolientes: los trabajadores que se trata de un ganar-ganar.

Algo similar ocurre con el seguro de salud, pues las autoridades están al proponer un cambio de una cápita universal a una diferenciada para garantizar el equilibrio financiero, en vez de enfrentar el reto de la atención primaria y de realizar todas las reformas necesarias para asegurar una mejor y eficiente prestación de servicios en beneficio de los afiliados, una eficaz regulación, y debidas consecuencias para quienes incumplan la ley.

Procompetencia acaba de publicar un estudio sobre la competencia en el mercado de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), como ya lo había hecho con el de las AFP, en el que entre otras medidas precisamente recomienda implementar la atención primaria, revisar el mecanismo de asignación de afiliados y promover mayor transparencia en la información en los precios y calidad de los servicios. Lo que deberían hacer las autoridades es analizar todo lo que estos y otros estudios revelan, lo que ha sido el resultado de los más de 20 años de ejecución de la Ley de Seguridad Social y más de 30 del Código Laboral, lo que ha acontecido y está aconteciendo en el entorno internacional, y afrontar con una visión integral las reformas necesarias al régimen laboral y de seguridad social, en vez de resolver situaciones por retazos, por temor a atacar la raíz del problema.

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