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La legislatura que acaba de iniciar el pasado 16 de agosto tiene en agenda distintas iniciativas legislativas pendientes de aprobación que son prioritarias, pero las que mayor urgencia tienen en ser aprobadas son las modificaciones a la Ley 33-18 de Partidos Políticos y 15-19 de Régimen Electoral, pues su aplicación está sujeta a plazos que están corriendo sin que puedan ser suspendidos, y esta sociedad no puede permitir la irresponsabilidad que sería llegar a un nuevo proceso electoral sin haber hecho a tiempo las correcciones que estas ameritan, luego del grave trauma electoral vivido en el año 2020.

Hay poco interés, por no decir ninguno, por parte de los partidos políticos en impulsar estas reformas, las cuales según advirtió el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) tienen como límite razonable para aprobarse los próximos dos meses, esto es hasta el 16 de octubre próximo, y sería inaceptable que como expresó recientemente el delegado político ante la JCE del partido oficial, solo se aprobara la modificación a la Ley 15-19 de régimen electoral por tener mayor nivel de consenso que la 33-18 de partidos, pues ambas reformas son parte de un todo que es el proceso electoral.

No es de sorprender que exista poco entusiasmo por parte del liderazgo partidario en estas reformas, pues entre los aspectos fundamentales de las mismas está la regulación del financiamiento de los partidos para establecer los porcentajes en la ley que actualmente no existen y se siguen dando conforme a lo que disponía la anterior ya derogada, así como la reducción de los altos gastos de campaña, y el reforzamiento a su incumplimiento.

El actual artículo 59 de la Ley 33-18 sobre el patrimonio de los partidos no indica entre los recursos que lo componen la contribución del Estado a pesar de ser la parte principal, y por eso la JCE propone incluir en su texto que “…dicho patrimonio se integrará por la contribución del Estado que será consignada en el Presupuesto General de la Nación y Ley de Gastos Públicos…”, la cual estará constituida por un fondo equivalente al 1/2% de los ingresos nacionales en los años de elecciones y al 1/4% en los demás; y que la distribución de esta prevista en el artículo 61 carente de racionalidad y equidad sea modificada, para que en vez de que se distribuya un 80% en partes iguales entre los partidos que hayan alcanzado más del 5% de los votos válidos emitidos en la última elección, un 12% entre los que hayan alcanzado más del 1% y un 8% entre los que hayan alcanzado entre 0.01% y 1%, la distribución se haga igualitariamente entre los distintos partidos en un 30%, y un 70% de forma proporcional a los votos válidos obtenidos individualmente en los distintos niveles de elección.

Todos sabemos que en las leyes 33-18 y 15-19 se establecieron altísimos topes de gastos, tanto para la precampaña como para la campaña, y estando en la antesala de un proceso electoral que desde hace tiempo da muestras de que provocará tensiones y dispendio de recursos, es urgente e indispensable reducir estos límites, que la JCE ha propuesto bajar en un 75% para la campaña interna, y en un 65% para la campaña electoral, lo que implicaría que en vez de permitirse gastar RD$122.50 por cada elector inscrito, se pueda gastar hasta RD$42.88 en el nivel presidencial, reduciendo así el gasto total de campaña por candidato presidencial de RD$922,416,670 que es una cifra descomunal, a RD$322,883,484, y propone reducir a un 0.5% de estos topes las contribuciones de particulares, así como establecer un tope en el gasto por campaña electoral por cada partido, lo que no existe actualmente, disponiendo que no pueda exceder el monto máximo asignado al partido que obtuvo la mayor contribución del Estado en ese año electoral.

Urge que la sociedad reclame con vigor la aprobación urgente de la reforma a las leyes 33-18 de Partidos y 15-19 de Régimen Electoral, pues se nos está acabando el tiempo para que los procesos electorales que se aproximan cuenten con reglas claras que permitan su correcta regulación, y sobre todo para que no se conviertan en un nuevo despilfarro de recursos lícitos e ilícitos, en el que cada quien exhiba sus músculos para contar a toda costa con más recursos económicos, en aras de intentar que el resultado de las urnas lo decida más la fuerza de las papeletas, que el valor de las propuestas.

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