Síndrome de don Ramón

Todavía recordamos la frase de aquel personaje del Chavo, cuando decía que el trabajo no era malo, sino tener que trabajar. Ese hombrecillo delgado y bigotudo se caracterizaba por no pagar la renta, como si el casero de la vecindad no tuviera sus propias necesidades. A propósito del proyecto de la ley de alquileres, la ocasión es propicia para considerar al propietario, aun con la plena conciencia del déficit habitacional existente y de que el derecho a una vivienda digna es fundamental, pero reconociendo que también lo es el derecho de propiedad y el de la libertad que permite elegir con quién, cómo y por qué contratar, al igual que obtener beneficios de lo que se tiene.

Esa línea delgada entre proteger al dueño de la casa -cuya disposición conserva- y quien la habita –que la usa y disfruta- constituye un reto porque, si bien muchos dominicanos carecen de hogar propio, es una realidad que, amparando al inquilino, se han cometido grandes injusticias contra el que le permite usar lo suyo. Aunque la ley en ciernes permite el reajuste el precio de alquiler con ciertas limitantes, representa un gran avance para enfrentar que los dueños, además de resultar privados del disfrute de su propiedad, deben soportar incumplimientos de los pagos que les corresponden.

Ciertamente, si injusto resulta que no se tenga un techo propio donde vivir, en la misma medida lo es que quien goce de ese privilegio se resista a retribuir como contraprestación al que le ha permitido tal prerrogativa. Por consiguiente, la posibilidad contemplada en el proyecto de que la falta de pago sea causa de la cancelación del contrato, aunque existía previamente, es un acertado recordatorio de que no se permanece de gratis en un lugar ajeno, por más limitaciones económicas que se padezcan, porque para una cerveza, una parranda o un buen vehículo, el dinero siempre aparece.

Las previsiones del abandono del inmueble para que el propietario pudiere recuperarlo resultan acertadas en un país donde, por maldad o descuido, el inquilino se retira, desaparece, deja de cumplir y mientras, impide que el dueño pueda buscar otro beneficiario menos ingrato. Experiencias como esas son las que han provocado que menos personas permitan que lo suyo lo ocupe otro, porque ese derecho elemental de tener dónde habitar, se ha convertido en una avalancha de abusos que debe detenerse. Entonces, con sus luces y sus sombras, como todo bajo el sol, ya era hora de que una ley pudiera poner los puntos sobre las íes, vocal que no solo la tiene la palabra inquilino, sino también la de propietario porque, al final, ambos son dominicanos.