La ley de extinción de dominio, impulsada con entusiasmo por sectores internacionales, es una herramienta poderosa contra el lavado. Pero su aplicación requiere algo más que voluntad: requiere coherencia. Y ahí es donde la Procuraduría enfrenta su mayor dilema. Hasta ahora, ninguna decisión ha tocado los intereses del presidente. Ni del PRM. Ni de sus aliados. Ni de Leonel Fernández. Todo lo que no estaba prescrito sigue intacto. La lucha contra la corrupción ha sido quirúrgica, pero selectiva. Y cuando llegue el momento de “poner un ejemplo”, más vale que no sea otro expediente eterno como Odebrecht. Ya van siete años.
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