La entrada en vigor de la nueva Ley de Compras y Contrataciones marca un punto decisivo para la gestión pública. En un país donde el Estado es el mayor comprador, el principal deudor y el mayor generador de empleos, cualquier cambio en las reglas de contratación tiene efectos inmediatos sobre la economía y la transparencia. Esta normativa exige ser explicada con claridad, porque redefine cómo se adjudican obras, servicios y suministros en un sistema donde cada peso público tiene un impacto multiplicado. Comprender su alcance no es un asunto técnico, sino ciudadano porque de su correcta aplicación depende la confianza en las instituciones y la eficiencia del gasto estatal.
Más de opiniones
Más leídas de opiniones
Las Más leídas
