Las declaraciones del procurador adjunto Wilson Camacho, al plantear que vivir “libre de corrupción” debe considerarse un derecho humano, buscan elevar el debate público, pero también revelan una tensión frecuente en el discurso institucional. Cuando una autoridad judicial adopta un tono moralizante, corre el riesgo de proyectarse como figura de púlpito y no como funcionario cuya misión central es aplicar el derecho con rigor. La lucha contra la corrupción exige firmeza, pero también sobriedad y precisión jurídica. Convertirla en un principio casi doctrinal puede desviar la atención del mandato esencial del Ministerio Público: investigar, perseguir y sostener casos con evidencia, no con retórica.
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