Estado y costos del juego

El Estado dominicano enfrenta una contradicción con los juegos de azar: obtiene ingresos fiscales de una actividad que genera costos sociales. Esto obliga a revisar el modelo regulatorio vigente. Recaudar impuestos es legítimo, pero no puede ser el único criterio. También deben evaluarse la ludopatía, el endeudamiento familiar, la proliferación de negocios ilegales y los riesgos de lavado de activos. Si el Estado gana dinero mientras las familias pierden estabilidad, existe una responsabilidad que no puede ignorarse. No se trata de cerrar el sector, sino de regularlo con criterios de salud pública, transparencia financiera, fiscalización y protección social.