¿Quién los controla?

La pregunta incomoda porque el sector de los juegos de azar está atravesado por múltiples instituciones y competencias. Cuando una actividad mueve tanto dinero, la dispersión regulatoria puede ser una debilidad. No basta con saber qué entidad concede la autorización, hay que determinar quién fiscaliza, verifica impuestos, persigue la ilegalidad y responde cuando el sistema falla. La regulación no puede reducirse a oficinas que se transfieren responsabilidades. Se necesita un modelo claro, con información pública, controles tecnológicos y capacidad de sanción. Si las autoridades no pueden explicar quién vigila el negocio con transparencia y regularidad, el problema no es solo el juego, también es la capacidad del Estado para gobernarlo.