La generalizada irritación provocada por el uso de mochilas del Ministerio de Educación para la promoción de la figura de una política, evidencia que la sociedad no está dispuesta a seguir tolerando algunas prácticas comunes en el país. La clase política dominicana no parece entender que los tiempos cambian y que por lo tanto, las formas de hacer política no puede ser la misma de décadas pasadas. En los momentos actuales se cuenta con ciudadanos más informados y educados, que tienen acceso a las redes sociales y cuentan con una mayor conciencia de que las políticas públicas deben estar dirigidas a garantizar derechos. Por lo tanto, la actividad política está en la obligación de actualizarse.
En el caso de San Juan y las mochilas adulteradas hay dos aristas. El primer lugar, un evidente uso fraudulento de los recursos del Estado que tiene que ser investigado y sus responsables debidamente sancionados. Por otro lado, una abusiva práctica clientelar que involucra a niños y niñas en los centros educativos del país y que el Ministerio de Educación debe disponerse a prohibir de manera radical. Las aulas deben ser lugares sagrados, dedicados única y exclusivamente a la formación de los estudiantes en las ciencias, la literatura, el deporte y las artes; jamás para el proselitismo electoral.
A la sociedad, ciudadanos y gobierno, le ha costado enormes esfuerzos avanzar hasta donde hemos llegado en el sistema educativo dominicano. La lucha social por el 4% del PIB para Educación y su implementación, la construcción de aulas, la tanda extendida, la alimentación escolar y el uso de las TIC en las escuelas, son apenas los primeros pasos en la dirección de contar con una educación de calidad. Lo logrado hasta ahora tiene que ser protegido. Se requiere de una mayor participación de la sociedad en el sistema educativo, en su seguimiento y en la demanda de nuevas acciones que apunten a mejorar la educación. Se debe evitar que los centros educativos se entiendan como un espacio para la propaganda electoral o la práctica clientelar.
La educación es un derecho y eso lo saben cada vez más dominicanos. Desfasados están aquellos políticos que apuestan a servicios públicos precarios para aparecer con sus dádivas como salvadores. De un tiempo a esta parte, la educación en la República Dominicana es una política pública que se viene aplicando desde una perspectiva de política social universal. La sociedad debe estar atenta a que esta no sea capturada por la política partidaria, ni a través del proselitismo electoral, ni de la repartición de cargos sobre la base de lealtades políticas. ¡Saquemos la política de las escuelas!
